"La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases, pero en la Venezuela de hoy, esa lucha se libra bajo el espeso velo de una falsa conciencia institucional. Para comprender la actual encrucijada de la República, haremos el análisis a los síntomas de una metamorfosis política y social.

Nos proponemos investigar cómo una estructura política que nació bajo la promesa de la emancipación popular se ha transmutado en una clase administrativa autónoma, una burocracia que hoy erige el Estado no como un instrumento de soberanía, sino como una maquinaria de negociación. El reciente viraje legislativo y la capitulación de la soberanía nacional no son accidentes de la gestión pública o audacia táctica o estratégica; son la expresión jurídica de una necesidad material: la supervivencia de una casta que, habiendo abandonado táctica y estratégicamente los objetivos Históricos, ha perdido su base orgánica en el proletariado y luego de la invasión del 3 de enero bajo la lógica del Fetichismo tecnológico como “superioridad determinante para  el futuro y las luchas de los pueblos” se ve “obligada” antes las amenazas del imperio a ceder y canjear el patrimonio colectivo por su propia permanencia en el poder.

En lo siguiente, desnudaremos la contradicción existente entre el discurso del “Ganar-Ganar” y la cruda realidad de una acumulación por desposesión. Analizaremos cómo la Constitución (CRBV), de Ser el programa  popular y la letra viva de la voluntad del pueblo, a pasado hacer para esta cúpula, un objeto de utilería de programas para medios y redes, se ha convertido en un texto guardado en un librito azul para mostrar en cámaras de manos de la burocracia, pretendiendo ser sustituida  ilegítimamente por la voluntad de una minoría erigida en ley por solo tener elección popular de responsabilidad delegada, en uno de los poderes institucionales (Asamblea Nacional), operando así una ruptura dialéctica con el bloque histórico popular del proyecto de 1999. Es hora de rasgar el velo de la retórica para revelar la anatomía económica que dicta la entrega de la nación.

Esta élite, al intentar canjear el patrimonio colectivo por una precaria estabilidad tutelada, incurre en una desviación que elude la ética de la praxis revolucionaria. No asistimos a un mero conflicto administrativo, sino a un juicio histórico sobre la legitimidad del ejercicio del poder: es la erosión jurídica convertida en herramienta de una burocracia que ha transformado la doctrina bolivariana y el Partido (PSUV) en un cascarón vacío. El juicio que hoy recae sobre la actual legislatura y el Ejecutivo no es formal, es la denuncia de una traición ontológica al núcleo vital de la Constitución, de la Doctrina Bolivariana y el legado del Comandante Chávez, donde la supervivencia de la estructura estatal ha terminado por desmontar el proyecto de transformación social que le dio origen

I. La "Clase Administradora" y la Traición a la Patria

En términos de la teoría crítica, lo que observamos es la metamorfosis de una burocracia que, al verse cercada por las contradicciones del poder, “la pistola en la cabeza”, al no acatar la última orden política, militar y ejecutiva dejada por el presidente Nicolás Maduro Moros en su decreto 5200 y publicada posteriormente en gaceta oficial N° 6954 lo que significaba resguardar la soberanía y la defensa integral de la nación, los recursos petroleros y energéticos y entrar en una fase de resistencia de todo el pueblo, al ignorar está ejecutiva y vinculante orden de urgencia histórica ante lo que fue la agresión más vil y sanguinaria que se haya tenido en la historia, la patria después de 200 años de independencia por parte de una potencia extranjera y decidir actuar como una burguesía compradora. Al asumir la “Diplomacia de la Entrega” y legislar para ceder el control operativo y la mayoría accionaria de nuestros hidrocarburos a capitales transnacionales —bajo el eufemismo de la "apertura" o la "necesidad"—, estos legisladores ejecutan lo que se denomina "acumulación por desposesión".

El veredicto de Traición a la Patria no es un eslogan atrevido; es una realidad política. El Artículo 12 constitucional es el cerrojo de nuestra soberanía: los yacimientos son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Romper este cerrojo no es un acto de pragmatismo, es una rendición económica que sitúa a sus autores en la misma página histórica que los oligarcas del siglo XIX que intentaron entregar el país a las potencias coloniales.

II. El Fraude Constitucional en Bloque: El Blindaje Roto

Para elevar el nivel del debate, debemos entender que no se viola un artículo aislado, sino todo el sistema de protección soberana de la República. La actual deriva legislativa incurre en un fraude constitucional múltiple:

Violación de la Reserva Estratégica (Art. 302):Desviación de Poder en la Reserva Estratégica (Art. 302):

Violación de la Reserva Estratégica (Art. 302):Desviación de Poder en la Reserva Estratégica (Art. 302):

La Constitución reserva al Estado la actividad petrolera por razones de soberanía nacional. Legislar para ceder el control operativo y la mayoría accionaria a capitales privados —especialmente bajo el chantaje, amenaza o tutelaje de potencias extranjeras— es una desviación de poder, claudicación y abandono de las responsabilidades. El legislador usa su competencia para un fin opuesto al interés público, convirtiendo la reserva estratégica en una cáscara vacía. Esto anula la validez del acto jurídico, pues el “interés nacional” es la única causa que justifica la gestión de nuestros recursos. El Estado se reserva la actividad petrolera por razones de (conveniencia nacional) Entregar el control a manos privadas anula el propósito de la reserva estatal.

Violación de la Inmunidad de Jurisdicción (Art. 151):

Violación de la Inmunidad de Jurisdicción (Art. 151):

Este artículo es el escudo contra el neocolonialismo judicial. Prohíbe que en los contratos de interés público se ceda la jurisdicción a tribunales extranjeros. Si las nuevas reformas permiten que los conflictos petroleros se diriman en arbitrajes internacionales (como el CIADI) o cortes de Nueva York, se está cometiendo un crimen de lesa soberanía. La justicia venezolana es la única con competencia sobre el suelo y el subsuelo patrio. Conclusión: La Entrega de la Jurisdicción. Al permitir que los contratos de interés público se sometan a arbitrajes internacionales o leyes extranjeras, se renuncia a la soberanía judicial, dejando a la República indefensa ante los tribunales de las potencias capitalistas.

El Territorio como Bien Inalienable (Art. 13):

El Territorio como Bien Inalienable (Art. 13):

El subsuelo es territorio nacional. El Artículo 13 prohíbe que el territorio sea enajenado o cedido a sujetos de derecho internacional. Entregar el control de la extracción a corporaciones que responden a intereses geopolíticos foráneos es una cesión de territorio de facto. Es fragmentar la integridad de la República bajo el disfraz de una sociedad mercantil.

Ataque a la Seguridad de la Nación (Art. 322 y 326):

Ataque a la Seguridad de la Nación (Art. 322 y 326):

La seguridad no es solo militar, es económica. El principio de corresponsabilidad obliga al Estado a proteger los recursos que garantizan la vida de la Nación. Entregarlos es desarmar al pueblo frente al imperialismo.

La Soberanía como Patrimonio Inalienable (Art. 5):

La Soberanía como Patrimonio Inalienable (Art. 5):

Al no consultar directamente al pueblo sobre leyes que alteran la estructura de propiedad de la nación, la legislatura rompe el hilo democrático. Lo que se hace sin el pueblo, se hace contra el pueblo.

El Deber de Salvaguarda y la Ética del Ciudadano (Art. 130):

El Deber de Salvaguarda y la Ética del Ciudadano (Art. 130):

La Constitución impone a todo venezolano el deber de “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores; resguardar y proteger la soberanía”. Por tanto, la resistencia de la corriente histórica bolivariana contra estas leyes no es una opción política, es el cumplimiento de un mandato constitucional imperativo. Quien entrega el recurso falta a su deber; quien lo defiende, ejerce la legalidad.

III. La Deconstrucción de la Revolución y el Legado de Chávez

De la Praxis a la Administración de lo Existente, Tácticamente, la revolución deja de ser una herramienta para transformar la realidad (praxis) y se convierte en una estructura para gestionar el statu quo. El partido y el Estado ya no buscan destruir las relaciones de producción capitalistas, sino integrarse en ellas para sobrevivir. La política se reduce a supervivencia burocrática.

2. El “Termidor” Burocrático

Estratégicamente, esto se conoce como la reacción termidoriana (en alusión a la Revolución Francesa). Es el momento en que una casta de administradores —la “nueva clase”— confisca el poder que las masas conquistaron. El objetivo histórico de la emancipación es sustituido por el objetivo pragmático de la acumulación de capital (ya sea de Estado o privado) en manos de la élite.

3. La Enajenación de la Soberanía

Al abandonar el horizonte socialista, el pueblo pasa de ser el sujeto de la historia a ser un simple objeto de gobierno. La soberanía, que reside en el control social de los medios de producción, se “enajena” (se vende o se entrega) a capitales transnacionales o potencias externas bajo la excusa de la “estabilidad económica”.

4. Fetichismo de las Siglas

Se produce un fenómeno de vaciamiento de contenido: se mantienen los símbolos, los nombres y las consignas (Chávez, Revolución, Socialismo), pero las acciones materiales son opuestas. El discurso se vuelve un fetiche para adormecer la conciencia de clase mientras se desmontan las conquistas jurídicas y territoriales.

En resumen, abandonar los objetivos históricos es la transición de un proyecto de liberación a un régimen de orden, donde la “clase administrativa” pacta con el capital a costa de la desposesión de su propio pueblo.

El proyecto originario Bolivariano se basa en la "Plena Soberanía Petrolera". Al revocar las leyes que el propio Chávez blindó —muchas de ellas bajo el fuego de un golpe de Estado en 2002—, estos legisladores pierden toda autoridad moral para reclamarse "chavistas". Se convierten en los enterradores del proyecto que juraron defender.

Desde el marxismo crítico, este acto es la prueba de que la burocracia se ha autonomizado de su base social, usando las leyes como mercancía de cambio en una mesa de negociación donde el pueblo no está invitado. Mientras países como Irán intentan sostener su soberanía incluso bajo el máximo asedio y ataque por parte del terror del imperio, aquí por el contrario presenciamos una legislatura y un gobierno que firma una capitulación económica innecesaria y muy perjudicial para República.

IV. Consecuencias Jurídicas: La Nulidad y la Justicia del Devenir

Es imperativo que la actual  cúpula administradora, las empresas extranjeras, el pueblo y la militancia lo sepan: en un escenario de restauración de la legalidad originaria, estos actos son nulos de toda nulidad.

Sin Derechos Adquiridos:

Sin Derechos Adquiridos:

Los contratos firmados bajo leyes inconstitucionales no generan derechos para las transnacionales. Son negocios viciados de origen que podrán ser revertidos sin indemnización.

Responsabilidad de Lesa Patria:

Responsabilidad de Lesa Patria:

Según el Artículo 25, los funcionarios que dicten actos que vulneren la Constitución incurren en responsabilidad penal y civil. La entrega de recursos estratégicos es un delito que, en la tradición Bolivariana más pura y bajo el mandato constitucional no prescriben.

El Derecho a la Rebelión (Art. 350):

El Derecho a la Rebelión (Art. 350):

 El pueblo venezolano está facultado para desconocer cualquier régimen o autoridad que menoscabe los derechos humanos o ignore los valores soberanos de la República.

Es imperativo adelantarnos a la matriz de opinión de la burocracia que intentará criminalizar cualquier disidencia. Debemos ser claros: la derecha venezolana desvirtuó el Artículo 350, usándolo como una máscara para el golpismo y la intervención extranjera. Para ellos, la “desobediencia” era un llamado a entregar el país a Washington; por eso su discurso fracasó y fue rechazado por el pueblo Bolivariano.

Hoy, la situación es la inversa. Invocar el 350 en este momento histórico no es un llamado al caos, sino un acto de lealtad suprema a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el legado y la Doctrina Bolivariana y la defensa de los objetivos Histórico como Pueblo. Mientras que la derecha lo usó para destruir la República, la Corriente Histórica Social Bolivariana (El Pueblo de Venezuela) lo reivindica hoy para salvarla.

La Derecha quería tutelaje; nosotros queremos Soberanía: El fracaso del discurso de derecha radicó en que su “resistencia” buscaba privatizar y subordinar. Nuestra resistencia busca defender la República bajo el resguardo Constitucional en el Artículo 1: El Escudo de la Independencia) Es el artículo de apertura nuestra Constitución y el más sagrado. Establece que la República es irrevocablemente libre e independiente.

Argumento: La independencia, es la capacidad de decidir sobre nuestros recursos. Cualquier ley que supedite el petróleo a decisiones de juntas directivas transnacionales o tribunales extranjeros es una violación directa al Artículo 1. Es un acto de neocolonialismo legislativo. (Artículo 12 y el Artículo 302 (la reserva estratégica). No desconocemos al Estado en su conjunto, desconocemos los actos de una legislatura y el ejecutivo encargado que tras el Secuestro del Presidente y su esposa por parte del imperialismo, optan por entregarse y entregar el petróleo, se ponen fuera de la legalidad constitucional.

El 350 como Escudo del Legado: Si el poder constituido legisla para desmontar la base material de la Nación (el subsuelo), es ese poder el que está en rebeldía contra el Soberano. El pueblo no “golpea” a la Constitución; el pueblo la protege frente a quienes, teniendo el cargo, han traicionado el mandato.

Diferencia Ética: La derecha usó el 350 para imponer un modelo neoliberal. Nosotros lo planteamos desde el marxismo crítico y el Plan de la Patria original para evitar que el neoliberalismo entre “disfrazado de rojo” a través de concesiones leoninas a transnacionales.

En conclusión, el 350 es una invitación a la Desobediencia Popular, como mecanismo de restablecimiento del orden constitucional, la soberanía popular y plena de la patria y la integralidad de la nación, es en virtud un mecanismo de emergencia que la propia Revolución dejó en manos del pueblo para evitar que una élite —del signo que sea— entregue la patria por la que Chávez dio la vida. Si la ley se usa para subastar la soberanía, la desobediencia es un deber patriótico.

El Retorno al Protagonismo Popular y la Ofensiva Constituyente

El Retorno al Protagonismo Popular y la Ofensiva Constituyente

La historia no es un destino fatal, es el resultado de la lucha de clases. La “clase administrativa” ha olvidado que su mandato es delegado y reversible. Por ello, recuperar el protagonismo no es una consigna nostálgica, sino una necesidad de supervivencia nacional. La Corriente Histórica Bolivariana debe pasar de la resistencia pasiva a la ofensiva política bajo tres ejes de acción inmediata:

La Auditoría Social de la Soberanía: El pueblo, organizado en comunas y consejos de trabajadores, debe exigir la transparencia total de cada contrato firmado a espaldas de la nación. No hay “secreto de Estado” que valga cuando lo que se empeña es el plato de comida de las futuras generaciones.

La Activación del Poder Originario: Debemos recordar a quienes hoy legislan que el Artículo 347 constitucional reside en el pueblo como depositario del poder constituyente originario. Si la legislatura traiciona el espíritu de 1999, el pueblo tiene el derecho y el deber de refundar el orden jurídico para salvar la patria. No permitiremos que una burocracia con plumas y traiciones entregue lo que el pueblo construyó desde un acumulado histórico de Resistencia, luchas, Combates, calles, montañas, con vidas, con sangre, sudor, lágrimas, organización y votos.

La Unidad Cívico-Militar en Defensa Integral de la Nación y el Patrimonio: La verdadera unión no es para custodiar despachos, sino para blindar los recursos estratégicos. El petróleo, el gas y los minerales son la base material de nuestra independencia; sin ellos, la República es una ficción.

El veredicto final no se escribirá en los bufetes transnacionales, ni el las oficinas del fondo monetario internacional, sino en las calles y en la conciencia de la militancia ética. Hacemos un llamado a la reserva moral del chavismo, a los movimientos sociales y a cada patriota a declararse en sesión permanente de defensa constitucional. Los legisladores que hoy firman la capitulación deben saber que sus nombres quedarán marcados por el estigma de la entrega. La historia los juzgará, pero el pueblo, en ejercicio de su soberanía plena, los detendrá. ¡Dentro de la Constitución todo, contra la entrega de la Patria, Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!

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