En las circunstancias confusas e inciertas por las que atraviesa Venezuela actualmente, se asoman tres importantes pruebas que habrán de comprometer, en buena parte, su futuro. 

La primera es la descomunal deuda pública que pesa sobre el país, dos veces el valor de su PIB actual. Es una magnitud imposible de pagar, más con la postración de la industria petrolera –fuente principal de divisas– y la devastación de la economía doméstica. Pero, mientras no sea resuelta, Venezuela permanecerá aislada de los circuitos financieros mundiales, perjudicando sus posibilidades de incrementar sus flujos comerciales y de inversión, y de concertar acuerdos variados con entes  externos y/o países amigos. No queda de otra, entonces, que entrar en un proceso de negociación con la variada gama de sus acreedores para reestructurar esa deuda en términos compatibles con la  recuperación del país. Es menester reducir, hasta donde sea posible, su monto y tasas de interés, alargar sus plazos y conseguir años muertos iniciales, libres de pago. Pero una reestructuración así, dado el estado de destrucción en que se encuentra Venezuela, representa un enorme desafío.

Para empezar, es imprescindible ordenar sus cuentas internas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha podido evaluar ni conciliar estas cuentas desde 2004. Luego, Maduro dejó de publicar cifras sobre la economía real, incluyendo el sector externo, en 2019. No se rinden cuentas fidedignas sobre la gestión presupuestaria desde aun antes, tampoco del déficit fiscal y sus fuentes de financiamiento. Mucho menos existe información pormenorizada de los distintos instrumentos que componen el total de la deuda, sus condiciones y, muchas veces, de sus verdaderos titulares. No hay base alguna para iniciar una negociación exitosa en tales condiciones. 

Segundo, años de expoliación obligan a desconfiar de la legalidad o legitimidad de muchas de estas deudas. Una reestructuración presurosa, sin la debida “limpieza”, puede dejar al país encadenado a pagos injustificados que, además de ser éticamente insultante, perjudica la imagen del Estado y lo vacía de recursos con los cuales atender los ingentes problemas que hoy........

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