Venezuela parece haber llegado a un punto en el que el diálogo dejó de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad. Pero también en una fuente de incertidumbre. Mientras buena parte de la sociedad venezolana clama por una transición política que permita recuperar la institucionalidad, las libertades y el derecho a elegir, la mesa de diálogo que hoy reúne a representantes del oficialismo y de la oposición genera una pregunta inevitable: ¿estamos ante un verdadero camino hacia la transición o ante una negociación destinada, simplemente, a reorganizar el poder?

La diferencia no es semántica. Es política.

El venezolano no parece estar rechazando el diálogo. Lo que existe es una desconfianza razonable frente a un proceso que no termina de ser transparente, que no incorpora a todos los actores relevantes y cuyo destino todavía no está suficientemente claro. Para una sociedad que ha vivido durante años procesos de negociación que no produjeron los cambios esperados, sentarse nuevamente a conversar no puede ser presentado como un fin en sí mismo.

El diálogo solo tendrá sentido si conduce a la recuperación de los derechos políticos y a la reinstitucionalización del Estado.

Quienes participan en representación de la oposición parecen entender la negociación como un instrumento para alcanzar una transición. Bajo esa lógica, el diálogo debería permitir avanzar en la liberación de los presos políticos, la recuperación de las garantías democráticas, la reconstrucción de las instituciones, la celebración de elecciones libres y competitivas y, finalmente, la transferencia legítima del poder mediante el voto.

Si ese es el propósito, el diálogo puede ser una herramienta válida y necesaria. Una transición política no necesariamente tiene que producirse mediante una ruptura; también puede construirse mediante acuerdos.

Pero el problema aparece cuando se observa la otra cara de la mesa.

Desde el oficialismo se ha presentado el diálogo como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad del país. La afirmación, en principio, resulta difícil de cuestionar. Nadie debería oponerse al........

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