El terremoto del 24 de junio no solo sacudió los cimientos de La Guaira y Caracas; sacudió también el relato oficial de una Venezuela en vías de normalización. Lo que vieron los rescatistas internacionales y los periodistas que llegaron al país no admite corrección retórica: la incapacidad de gestión es manifiesta, y junto a ella —intacto, incluso recrudecido— el reflejo autoritario que ordena restringir el acceso a las zonas más golpeadas, mientras se anuncian fondos de reconstrucción, sin mecanismos claros ni plazos verificables.

La tragedia hizo lo que ningún informe político había logrado: puso a prueba, ante testigos que no responden a Miraflores, la aptitud real de quienes gobiernan.Y mientras el país enterraba a sus muertos, venció también, el pasado 3 de julio, el plazo de ciento ochenta días que la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había fijado como límite de la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

No es un detalle procesal. Es la desaparición del último manto de legitimidad prestada que sostenía al Gobierno interino desde enero. Hoy Venezuela es gobernada sin título constitucional propio, sin convocatoria electoral en el horizonte y sin que el oficialismo disimule ya su renuencia. La........

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