El final del verano no ha sido tranquilo para los sindicatos y la patronal. La crisis de Ceuta les tuvo ocupados en plenas vacaciones porque las consecuencias en el empleo y la actividad de la Ciudad Autónoma eran evidentes más allá del drama migratorio. Pero cuando estaban volviendo a sus despachos, el Gobierno aprobó el 25 de agosto el Real Decreto-ley 21/2026 para regular las actividades de los grupos de interés. Una norma largamente esperada pero que inopinadamente incluyó como lobistas a sindicatos y empresarios. Eso de facto les igualaba en requerimientos normativos con despachos de abogados, agencias de asuntos públicos, multinacionales o comisionistas varios. 

Un ataque frontal al artículo 7 de la Constitución que les otorga un papel clave en los asuntos socioeconómicos del país. Al exigirles este Real Decreto (RD) toda una batería de controles burocráticos a su labor de intermediación se ponían trabas al diálogo social consagrado en el artículo 37 de la carta magna. Garamendi, Sordo y Álvarez convertidos en sospechosos cuyas agendas y reuniones debían ser autorizadas y publicitadas.

La norma de obligado cumplimiento se aprobó el 27 de agosto, la plataforma para registrar cada reunión el 4 de septiembre y la CEOE anunció que suspendía todos los contactos institucionales hasta saber si el RD se convalidaba en el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre. Los sindicatos tampoco dieron crédito a la nueva legislación y la calificaron de despropósito y pidieron públicamente a los partidos políticos que no aprobaran la ley. Todos ellos defendieron que son agentes........

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