Mientras la opinión pública se distrae en debates banales como los “therians” y los candidatos formulan propuestas prioritarias, pero no urgentes para la ciudadanía, a Bucaramanga la consume un problema que amenaza su economía: el alto costo de vida asociado al mercado inmobiliario, especialmente en arriendos. Lo advertíamos al hablar del “impuesto de los pobres”, del desbordado valor del metro cuadrado y del deshonroso liderazgo de la ciudad como la de mayor inflación del país; una realidad que hoy se traduce en cierres de restaurantes, comercios, alzas en los alimentos y una carga económica incompatible con el nivel de ingresos locales, muy distante del que registran otras ciudades con menor inflación.

En relación con el mercado inmobiliario, el incremento de los arriendos no se limita al sector vivienda; también se evidencia en el comercial. Por esta razón, discrepo respetuosamente de la tesis de la Universidad de Santander en su publicación del 17 de febrero, según la cual una de las causas del aumento sería la expansión de las rentas cortas. Si bien puede tener alguna incidencia, no constituye un factor determinante en una ciudad que no figura entre los principales destinos de visitantes no residentes.

Coincido, eso sí, que la baja oferta inmobiliaria por falta de incentivos, la dificultad para hacer negocios (doing business) y la escasez de suelos habilitados producto de un ordenamiento territorial desactualizado, restringe la construcción, encarece el metro cuadrado y termina trasladando ese mayor costo al canon de arrendamiento. Sin embargo, el artículo omite la incidencia del incremento del impuesto predial desde 2024 como factor de presión a los costos del propietario sobre el arrendatario.

En el ejercicio de la defensa de la propiedad privada e impuestos justos para los bumangueses, hemos conocido múltiples casos de usuarios de Lógica Urbana que evidencian la problemática: inmuebles que generan un canon mensual de tres millones de pesos y deben asumir un impuesto predial de diecisiete millones de pesos. Como negocio, resulta ruinoso si se consideran otras cargas como la declaración de renta y otros costos asociados. Cuando el contrato fue suscrito antes de la actualización irregular de avalúos en el 2024, el propietario solo puede hacer aumentos dentro de los límites legales y asumir directamente la mayor carga tributaria hasta la terminación del vínculo. En contratos recientes, se observa el traslado del incremento del predial, en algunos casos por encima del 50%, al valor del canon de arrendamiento.

Es evidente que la carga tributaria se está trasladando al consumidor final, reduciendo márgenes de ganancia, desincentivando la inversión y afectando la competitividad local en una ciudad altamente dependiente de las rentas. Necesitamos una región metropolitana planificada, con suelos habilitados para construir y seguridad jurídica tributaria, de lo contrario, seguiremos comprometiendo el futuro económico de Bucaramanga.

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