A lo largo de décadas, el cannabis (planta conocida popularmente como marihuana, de la cual se extraen sustancias con uso médico) fue tratado como un problema penal antes que como un asunto médico o científico. La discusión se instaló en el terreno de la prohibición, mientras la investigación médica avanzaba lentamente, demostrando algo que hoy ya es difícil de ignorar: los derivados de la planta tienen aplicaciones terapéuticas reales.

El cannabis medicinal no es una promesa exótica. Diversos estudios han demostrado la utilidad de compuestos como el cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC) en el tratamiento de enfermedades complejas. Pacientes con epilepsia han reducido la frecuencia de convulsiones; personas con dolor intenso han encontrado una alternativa terapéutica; pacientes oncológicos han controlado náuseas y pérdida de apetito asociadas a la quimioterapia. También existen aplicaciones en esclerosis múltiple y en algunas patologías neurológicas.

Esto no significa que el cannabis deba sustituir tratamientos médicos convencionales. Significa que se trata de un apoyo terapéutico que, bajo control médico y estándares farmacéuticos, puede mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.

Pero, si sus beneficios son conocidos, surge una pregunta importante: ¿por qué su desarrollo ha tardado tanto?

La respuesta está menos en la ciencia y más en la historia. Durante años, el cannabis fue incorporado al régimen internacional de control de estupefacientes, y su investigación quedó atrapada en un modelo prohibitivo que dificultó el desarrollo farmacéutico, retrasando el debate sobre sus usos médicos.

Sin embargo, el panorama ha comenzado a cambiar. El Ministerio de Comercio acaba de presentar, hace pocos días, un proyecto para reglamentar el artículo 15 del Decreto 1138 de 2025, mediante la creación del Sistema Integrado de Comercialización y Trazabilidad del Cannabis Medicinal, denominado SICAMED. La iniciativa busca clarificar quién produce, vende y compra, organizar la información del sector, facilitar el contacto entre productores y compradores y generar indicadores que permitan diseñar políticas públicas precisas.

El sistema también pretende integrar la información de distintas entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, así como el INVIMA, el ICA y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Esta articulación permitiría rastrear todo el proceso del producto y una mayor transparencia en el mercado del cannabis medicinal. Colombia podría convertirse en un actor relevante en el mercado internacional de derivados farmacéuticos.

En nuestro país, el cannabis medicinal comienza a trasladarse al terreno de la ciencia, la salud y el desarrollo productivo. Ojalá este proyecto logre consolidarse. No se trata de convertirlo en un negocio ni de regular cómo se produce y se vende, sino de cerrar una deuda con los pacientes que, por largo tiempo, han esperado acceso a tratamientos que la regulación decidió postergar.

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