Desde la experiencia profesional he comprobado que, en no pocos casos, el trasfondo del delito no es exclusivamente el querer infringir la ley, sino el uso problemático de estupefacientes. Detrás de hurtos, lesiones o conductas impulsivas aparece con frecuencia la adicción. En una decisión de casación en la que actué, la Corte Suprema de Justicia examinó precisamente la incidencia de la adicción en la valoración penal de una conducta relacionada con estupefacientes. Allí se dejó claro que el análisis jurídico debe considerar la condición de dependencia acreditada y su impacto real en la conducta. Ese precedente obligó a reconocer que, en ciertos procesos, no estamos frente a simple desafío a la norma, sino ante deterioro progresivo de la voluntad.

Muchos procesos no comienzan con una decisión fría de delinquir, sino con una historia de dolor mal gestionado. En los folios aparecen hechos relevantes y dictámenes; detrás de ellos, consumo problemático. La pregunta es: ¿estamos ante un vicio o ante una enfermedad que altera la capacidad de decisión?

La adicción suele explicarse como debilidad moral. Es una lectura equivocada. La adicción no surge del exceso de placer, sino de la necesidad de anestesiar un dolor que no se sabe gestionar.

Existen personas con mayor vulnerabilidad biológica y emocional que experimentan el miedo, la vergüenza o el abandono con intensidad difícil de tolerar. Cuando no cuentan con herramientas para procesar esa carga —por abuso, carencias afectivas o entornos disfuncionales— aparece la sustancia que ofrece alivio inmediato. En ese momento no se percibe como amenaza, sino como solución.

El problema es que esa “solución” captura la voluntad, altera circuitos de autocontrol, deteriora vínculos y compromete la salud mental. Decirle a un adicto “si usted quisiera, podría” desconoce que la dependencia modifica la capacidad de decidir. La promesa de cambio suele ser genuina, pero sin intervención terapéutica a veces no es posible.

Y aquí el debate deja de ser exclusivamente penal. La adicción se está exacerbando en entornos escolares donde padres y docentes confían en una autonomía mal entendida. Se asume que, alcanzada determinada edad, la vigilancia ya no corresponde. Se delega el acompañamiento en la independencia recién adquirida. Se confunde libertad con ausencia de supervisión.

La familia no puede limitarse a reaccionar cuando el problema estalla. La prevención exige intervención interdisciplinaria: psicología, medicina, orientación académica y límites claros cuando sean necesarios. Amar no siempre significa encubrir; a veces implica intervenir o dejar que asuman consecuencias.

Como familiares y como ciudadanos debemos decidir si seguiremos abordando la adicción cuando ya es proceso penal o si asumiremos la responsabilidad recordando que la autonomía no elimina el deber de cuidado y La mayoría de edad no extingue la necesidad de orientación.

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