El gobierno Petro ha decidido adoptar cinco emergencias económicas durante su mandato, argumentando la incapacidad del Estado para actuar con eficacia. La primera, en 2023, por la sequía en La Guajira, terminó envuelta en el escándalo de los carrotanques. Luego vino la declaratoria por la violencia en el Catatumbo, que persiste pese a la propuesta de “paz total”. A ellas se sumó la expedida por el aumento de casos de fiebre amarilla, que nunca llegó a constituir una pandemia. La cuarta se dictó tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso y hoy está suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional. La más reciente por la temporada de lluvias en Córdoba, con el propósito de imponer nuevas cargas tributarias.

De esta manera, la excepción se convierte en método. En vez de gestión, emana el decreto; en lugar de control, prevalece la urgencia. Así se eluden preguntas incómodas y se premia la improvisación pública.

Desde la Fundación Heinrich Böll, el economista Luis Jorge Garay ha estudiado la criminalidad y la corrupción a partir del concepto de “captura del Estado”, fenómeno mediante el cual grupos de poder obtienen regulaciones y favorecimientos. En lo que ha denominado la “arqueología de la corrupción”, señala una constante: desastres como el terremoto de Popayán, la avalancha de Armero, el terremoto de Armenia y diversas alteraciones climáticas han servido para declarar estados de perturbación que, además de auxiliar a los damnificados, permitieron alimentar circuitos políticos y electorales, gracias a la facilidad para girar dineros a proveedores y contratistas.

En la práctica, estas declaratorias rara vez atacan sus causas. Apenas administran medidas paliativas, mientras se mantiene la ocupación ilegal de riberas, el asentamiento de poblados en zonas de alto riesgo y la ausencia de obras estructurales para prevenir inundaciones. Paradójicamente, la emergencia se vuelve funcional: moviliza recursos abundantes y despierta una solidaridad que habilita su manejo discrecional. De allí que diferentes voces reclamen con insistencia la reestructuración ―desde el Congreso y el gobierno central― de la institucionalidad encargada de la atención de catástrofes.

Al observar los ríos de dinero que circulan en las campañas en curso, el auge de las empresas electorales, y el arraigo de clanes que dominan el panorama político, se percibe que el país no asiste a una verdadera contienda democrática, sino a una subasta de pedazos de poder, a la vista de todos y sin pudor. La real emergencia nacional —más que económica— es la crisis ética que se ha instalado en la vida pública y en el comportamiento ciudadano que parece resignado a tolerar que particulares capturen el Estado, como si este fuera nuestro destino.

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