Todo lo que se hace con urgencia puede tener consecuencias. En este caso, la urgencia tiene nombre propio: Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate público. Pero la urgencia no debería limitarse a un caso mediático. También debería alcanzar a las miles de personas anónimas que cada año pierden su vivienda en España.

La vulnerabilidad que este caso ha hecho visible no es excepcional. Puede aparecer en distintos momentos de la vida y afectar a personas mayores, jóvenes y familias con menores. También puede alcanzar a quienes atraviesan dificultades económicas.

Por eso, conviene ampliar la mirada: no se trata solo de responder a la situación de Maricarmen, sino de prevenir que otras personas lleguen a una situación semejante.

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Desahucios y lanzamientos

En 2025 se practicaron en España 25 540 lanzamientos. El Consejo General del Poder Judicial utiliza este término para referirse a la ejecución de un desahucio.

De ese total, 18 317 (el 71,7 %) derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta categoría se vincula principalmente con los alquileres, aunque no identifica exclusivamente casos de impago. Otros 4 346 lanzamientos, equivalentes al 17 %, se produjeron en procedimientos de ejecución hipotecaria. Los 1 877 restantes obedecieron a otras causas. La cifra total bajó un 11 % respecto a 2024, pero sigue mostrando la dimensión del problema.

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