¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de que un simple paseo le aclaraba la mente? ¿De que, tras una caminata, tenía mejores ideas y podía tomar decisiones más acertadas? Sobre los “pensamientos caminados” han reflexionado filósofos de la talla de Aristóteles, Rousseau o Nietzsche. Caminar no es solo “la mejor medicina”, como nos diría el sabio Hipócrates, sino que sus efectos van más allá; tanto en el plano individual, como también en el colectivo, pues las relaciones “de a pie” son siempre más humanas. Bien lo saben los peregrinos del Camino de Santiago que con frecuencia dicen que “el Camino te da lo que te falta y te quita lo que te sobra”.

Con todos los parabienes que se derivan del acto de andar –y teniendo en cuenta que constituye para los seres humanos la forma de movilidad más natural y universal y, sin duda, la más ecológica–, ¿no debería recibir un tratamiento preferente por parte de los poderes públicos? Y, sin embargo, ¿por qué se dificulta tanto?

Uno tiene la sensación de que muchas de nuestras ciudades están más diseñadas para la circulación de los vehículos que para la de los peatones. Algunos trayectos son imposibles de realizar andando, ya sea por la carencia de aceras, por obras en las vías públicas que se eternizan o por encontrarnos con caminos que no tienen continuidad o están bloqueados o cercados.

Otros desplazamientos a pie resultan tremendamente incómodos debido a aceras demasiado estrechas, en mal estado o invadidas por terrazas de establecimientos de hostelería u otros elementos. O bien se nos fuerza a recorridos inadecuados, poco atractivos o ilógicos. Las agresiones y dificultades que sufrimos como peatones son incontables.

En una reciente publicación abordo en profundidad estas cuestiones desde una perspectiva jurídica y aporto una solución: que el acto de caminar sea considerado en el ordenamiento jurídico español como........

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