El incendio de Los Gallardos (Almería) ocurrido el pasado 9 de julio ha provocado una tragedia de enorme impacto humano y social. Más allá de las cifras provisionales de fallecidos, desaparecidos y heridos, y de las circunstancias concretas del suceso, que deberán ser aclaradas por la investigación oficial, esta tragedia plantea una pregunta de mayor alcance: ¿seguimos utilizando los indicadores adecuados para medir la gravedad de los incendios forestales?

Tradicionalmente, el balance de una campaña se ha basado principalmente en el número de incendios registrados, la superficie quemada y la capacidad de los servicios de extinción para controlar las llamas. Estos indicadores siguen siendo imprescindibles, pero resultan insuficientes cuando el fuego alcanza territorios habitados y pone en peligro directamente a la población.

En un contexto de cambio climático y estrés territorial, el objetivo principal de la gestión de una emergencia ya no está únicamente en apagar el incendio a través de la suma de medios técnicos, sino en que no haya víctimas mortales.

Andalucía venía de campañas favorables

Los datos oficiales del Plan INFOCA, el instrumento de la Junta de Andalucía para la defensa contra los incendios forestales, muestran que esta comunidad ha mantenido durante el último quinquenio una capacidad de respuesta operativa elevada.

Entre 2021 y 2025, el número de intervenciones forestales osciló entre las 613 y las 876 anuales, sin una tendencia claramente creciente. Del mismo modo, el porcentaje de conatos se mantuvo en valores elevados, entre el 75,5 % y el 82 %. Esto significa que aproximadamente cuatro de cada cinco incendios fueron controlados antes de superar una hectárea.

La evolución de la superficie afectada, sin embargo, presenta una variabilidad mucho mayor. Mientras que en 2023 apenas se quemaron 1 827 hectáreas, en 2022 se superaron las 15 500 debido........

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