En campaña, la seguridad se gana con anuncios. En el gobierno, se gana con resultados. El Presidente ha presentado su agenda de seguridad con el mismo énfasis de siempre, pero su evaluación ya no depende de cómo interpela al poder, sino de cómo administra el que tiene. Por eso la pregunta que definirá a esta administración no es qué más va a legislar, sino si será capaz de hacer funcionar lo que ya está aprobado.

El Gobierno recibió una política de seguridad y un conjunto de leyes que se encuentran en implementación simultánea. Una agenda que no sólo reformó las reglas punitivas, sino que cambió estructuralmente el Estado para lograr sus objetivos. Ahí están la ley de delitos económicos, la que combate el crimen organizado, la nueva ley antiterrorista, la que rediseña el sistema de inteligencia, la que reforma el sistema de seguridad privada, la que regula la seguridad municipal, la de Ciberseguridad, la que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la Agencia de Datos Personales, la fiscalía supraterritorial, el fortalecimiento del Ministerio Público, la que crea la Defensoría de las Víctimas y el traspaso de Gendarmería del Ministerio de Justicia al de Seguridad, entre las más relevantes.

Un ciclo de más de 70 leyes, el de mayor rendimiento legislativo en seguridad desde el retorno a la democracia luego de un amplio acuerdo, pero que, como expliqué en una columna anterior en este mismo lugar, impone a la nueva administración principalmente desafíos de gestión. En términos sencillos, el reto de ese proceso es saber si las instituciones........

© The Clinic