Menudo trasiego el que lleva el conocido como impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. El PSOE quiere suprimirlo pero simula, por aquello de ‘gobierno progresista’, que pretende mantenerlo. Por eso pactó una cosa y su contraria, en función de quien fuera su interlocutor, respecto de este tributo. Finalmente presenta un decreto ley, sin esperanza alguna de que sobreviva a la mayoría derechista parlamentaria, que supuestamente contempla su continuidad, pero que en realidad, por las fuertes deducciones que incluye para las inversiones ‘verdes’(ahora se califican todas así en estas empresas), lo desnaturaliza.

Es decir, que en cualquier caso, estos oligopolios celebrarán que a partir de ahora van a poder seguir disfrutando de unas ganancias estratosféricas gracias a su dominio del mercado. La pregunta es por qué la clase política, incluida la socialdemócrata, se pliega ante el chantaje de unas compañías que aseguran que se llevarán fuera las inversiones si no se rebaja su tributación al fisco, como ha hecho, sin cortarse un pelo, Repsol. Lo mismo que hacen los bancos, en este caso a través de la Comisión Europea, la cual ha instado al Reino de España a poner fin al gravamen sobre intereses y comisiones que se aplica al sector. Pero aquí también hay........

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