El mayor acuerdo petrolero, o el precio del poder, por Samuel J. Pérez Hermida

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El anuncio hecho público el pasado 28 de agosto, tanto por el presidente de los Estados Unidos como por la presidenta encargada de Venezuela, relativo a un «acuerdo» petrolero entre Washington y el gobierno encargado de Caracas, calificado por Trump como «el mayor acuerdo petrolero de la historia», nos hizo conocer una operación que aparentemente involucraría 65.000 millones de barriles de reservas probadas en campos venezolanos, constituyendo sin duda un punto de inflexión en la coyuntura venezolana actual.

Mientras la Casa Blanca lo presentó como una importante alianza estratégica orientada a garantizar la seguridad energética de su país y de todo el hemisferio, en Venezuela resurgen interrogantes críticas sobre la soberanía y el control de nuestro principal recurso nacional.

Los términos conocidos hasta el momento sobre dicho «acuerdo» entran claramente en conflicto con la tradición venezolana de propiedad estatal sobre los recursos del subsuelo, aplicada al petróleo y el gas natural desde la nacionalización de 1976, e históricamente basada en los decretos de Simón Bolívar sobre la propiedad de la tierra.

Recordemos que el Libertador siempre defendió la idea de que las riquezas naturales del suelo y del subsuelo debían pertenecer a la Nación, y por ello, en 1829, decretó que las minas de cualquier clase eran propiedad de la República, sentando así para nuestro país el principio de propiedad estatal sobre los recursos estratégicos.

La participación de empresas transnacionales estadounidenses en la extracción de más del 20% de las reservas probadas de Venezuela, con financiamiento proveniente incluso del presupuesto del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, implica una ruptura radical con ese principio de control nacional.

Sin embargo, todo parece indicar que para el triunvirato Rodríguez-Cabello el «acuerdo» representa una especie de reconocimiento político internacional y un blindaje táctico de........

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