Contenidos para el acuerdo de gobernabilidad, por Marino J. González R.

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Dos grandes consensos se manifiestan contundentemente en la sociedad venezolana de la actualidad: alcanzar la democracia plena, y poner en práctica políticas públicas que promuevan el bienestar para todos los ciudadanos. Existe la convicción de que lo experimentado en las últimas tres décadas ha significado la pérdida de la democracia y el deterioro abismal en las condiciones de vida.

Para que estos consensos se expresen en la vida cotidiana de los venezolanos se requiere un amplio acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo respaldado por todas las instancias de la sociedad, que sea sostenible, y que esté fundamentado en una profunda autocrítica. Solo un acuerdo de esta naturaleza permitirá las condiciones para una transición inclusiva a la democracia y el bienestar.

El éxito de la democracia iniciada en 1958 radicó en el acuerdo de gobernabilidad expresado en el Pacto de Puntofijo firmado el 31 de octubre de ese año. Los riesgos de que no se logre un acuerdo de gobernabilidad en la coyuntura actual son significativos y potencialmente muy costosos.

El éxito de la democracia iniciada en 1958 radicó en el acuerdo de gobernabilidad expresado en el Pacto de Puntofijo firmado el 31 de octubre de ese año. Los riesgos de que no se logre un acuerdo de gobernabilidad en la coyuntura actual son significativos y potencialmente muy costosos.

Es por ello de especial relevancia considerar los contenidos del acuerdo de gobernabilidad que se puede proponer en la actualidad. Para ello se pueden identificar los siguientes aspectos: (1) la naturaleza del acuerdo, (2) los objetivos, y (3) las etapas de ejecución.

El acuerdo de gobernabilidad debe responsabilizar a los actores políticos para asumir el compromiso de alcanzar la democracia plena y poner en práctica políticas públicas que promuevan el bienestar. Corresponde a los actores políticos democráticos con vocación para gobernar el país la elaboración y aprobación de este acuerdo de gobernabilidad. Las organizaciones de la sociedad deben formular sus exigencias con respecto al acuerdo de gobernabilidad. El principio es muy preciso: las tareas planteadas solo pueden conseguirse a través de los aportes de todos los actores.

Este acuerdo de gobernabilidad debe ser el fundamento de acciones de inmediato. Se trata de la gobernabilidad actual, la que se requiere ahora. Estas acciones deben ser la base para las acciones que se concretarán en las siguientes etapas.

En otras palabras, el acuerdo de gobernabilidad debe comenzar a la brevedad. El impacto de las acciones en la actualidad condicionará que la gobernabilidad de mediano plazo también sea efectiva.

El acuerdo de gobernabilidad debe ser concebido para la realidad dinámica de la coyuntura venezolana. Tal como ha ocurrido en otros contextos, el acuerdo de gobernabilidad puede requerir adaptaciones dependiendo de las distintas situaciones que se presentarán. Dadas las condiciones particulares de Venezuela, con la interacción entre el gobierno interino y el gobierno de Estados Unidos, la adaptabilidad es esencial.

También debería ser una premisa inicial el hecho de que este acuerdo de gobernabilidad forma parte de una secuencia. Esto es, acuerdos consecutivos con el gobierno interino y con el gobierno de EEUU. Los acuerdos con estos gobiernos es lo que asegurará que la transición sea efectivamente inclusiva.

También debería ser una premisa inicial el hecho de que este acuerdo de gobernabilidad forma parte de una secuencia. Esto es, acuerdos consecutivos con el gobierno interino y con el gobierno de EEUU. Los acuerdos con estos gobiernos es lo que asegurará que la transición sea efectivamente inclusiva.

Los objetivos del acuerdo de gobernabilidad involucran dos aspectos centrales: la calidad de la democracia, y la calidad del bienestar de los ciudadanos.

El mayor nivel de calidad de la democracia se expresa en el concepto de “democracia plena” a través de las siguientes dimensiones: (1) amplia libertad de expresión e intercambio social, (2) amplia libertad de asociación, (3) absoluta transparencia del sistema electoral, (4) plena vigencia del Estado de Derecho, y de las libertades individuales y la igualdad ante la ley, (5) contrapesos del poder judicial sobre el poder ejecutivo, y (6) contrapesos del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. El seguimiento estricto de las mejores prácticas en los seis aspectos mencionados, ubicarían a Venezuela entre las democracias plenas en el contexto global de acuerdo con los criterios propuestos por el proyecto “Variedades de Democracia” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

El mayor nivel de calidad del bienestar de los ciudadanos se puede alcanzar a través de políticas públicas orientadas a la creación de valor y a la solidaridad social, basadas en las mejores evidencias, y que combinen la efectividad y centralidad de visiones y prácticas. La implementación sistemática de estas políticas públicas facilitará que se recupere el deterioro experimentado en las condiciones de vida, y se conforme un nuevo modelo que garantice el desarrollo sostenible y la innovación.

La transición inclusiva supone dotar nuevamente al país de la institucionalidad democrática. Y para ello el requisito fundamental es la realización de elecciones para todos los niveles de representación, tanto ejecutivos como legislativos.

De allí que las acciones que se derivan del acuerdo de gobernabilidad deben considerar tres etapas: (1) el período previo a las elecciones generales, (2) las elecciones generales, y (3) el ejercicio del gobierno. De lo cual se desprenden tres metas estratégicas: (1) garantizar el contexto más adecuado para realizar elecciones generales ampliamente democráticas, (2) lograr el triunfo en las elecciones generales en todas las circunscripciones, y (3) realizar gestiones exitosas en todos los niveles de gobierno.

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En el período previo a la celebración de las elecciones generales, las acciones podrían estar orientadas a: (1) garantizar las libertades de todas las personas que se encuentren perseguidas, en prisión, o en el exilio, para que puedan incorporarse en plenitud al ejercicio pleno de sus derechos políticos, (2) garantizar la más amplia libertad de expresión a través del cese de la hostilidad a periodistas y medios de comunicación, y de toda forma de censura y represión a las opiniones, (3) garantizar la más amplia libertad de asociación de manera que todos los partidos políticos y asociaciones civiles puedan participar sin ningún tipo de limitaciones en la nueva institucionalidad democrática, y (4) garantizar la más amplia cobertura y transparencia del sistema electoral. La celeridad y efectividad de las acciones en este período dependerán en extremo de la consistencia y coincidencia de los actores políticos del acuerdo de gobernabilidad.

Lo deseable es que a través de las acciones anteriores se pueda promover un clima político adecuado para la realización de elecciones generales. En esas elecciones generales los actores políticos deberían acudir con candidatos unitarios en cada una de las circunscripciones para cargos ejecutivos y legislativos. También deberían acordar la presentación de un programa común de gobierno y de agenda legislativa en cada una de las circunscripciones. Los acuerdos en candidatos y programas son requisitos para maximizar las posibilidades de victoria electoral en cada uno de los ámbitos.

El éxito electoral, y los acuerdos políticos con el gobierno interino y el gobierno de EEUU, darían paso a la instalación de gobiernos que deberían ser expresión de los objetivos del acuerdo de gobernabilidad. Esto es, gobiernos concentrados en fortalecer la democracia y en lograr mejoras en el bienestar de los ciudadanos.

El éxito electoral, y los acuerdos políticos con el gobierno interino y el gobierno de EEUU, darían paso a la instalación de gobiernos que deberían ser expresión de los objetivos del acuerdo de gobernabilidad. Esto es, gobiernos concentrados en fortalecer la democracia y en lograr mejoras en el bienestar de los ciudadanos.

El proceso descrito es naturalmente complejo y laborioso. Requiere disposición a acordar, con la convicción de que es mejor incluir que excluir, sumar que restar, unir que separar. Los liderazgos políticos y sociales tienen una responsabilidad máxima ante las perspectivas del país por construir una democracia plena y con bienestar para todos. El acuerdo no puede ser más urgente.

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

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