En septiembre de 1960, una revisora recién llegada a la Food and Drug Administration recibió un expediente de rutina. El producto ya se vendía en más de cuarenta países, era un sedante suave, se recetaba a mujeres embarazadas contra las náuseas y el fabricante daba la aprobación por hecha. Frances Kelsey encontró que los estudios no demostraban lo que afirmaban y pidió más información. La pidió seis veces. El laboratorio hizo lo que hace un laboratorio: la acusó de obstruccionismo, de retrasar un medicamento que millones ya usaban sin problema.

El medicamento era la talidomida. Para cuando se retiró del mercado mundial, habían nacido cerca de diez mil niños con malformaciones graves en Europa, Canadá, Japón, Australia. En Estados Unidos, casi ninguno.

¿Cómo se llama ese resultado? No tiene nombre. No existe una estadística de los niños que nacieron sanos porque una funcionaria pidió el estudio completo. No hay indicador, no hay placa, no hay corte de listón. Lo único que quedó registrado en tiempo real fue la queja: que la revisora era lenta. Ahí está la pregunta que nunca sabemos contestar a tiempo: ¿cuánto vale lo que no pasó?

En México el equivalente a la FDA es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y de su operación alcanzamos a ver permisos, licencias, autorizaciones. Lo que produce en realidad es evaluación de riesgo: el juicio técnico sobre si la evidencia de un fabricante alcanza para permitir que su producto entre en contacto con cuerpos humanos. El registro sanitario es apenas el recibo de ese trabajo. Y como todo el trabajo de la salud pública, funciona con una regla cruel: cuando funciona, no se nota.

El 1 de noviembre de 2022 empezaron a aparecer casos de meningitis en cuatro hospitales privados de Durango. Casi todas las pacientes eran mujeres jóvenes recién operadas de cesárea, infectadas por un hongo a través de anestesia aplicada en la médula........

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