Se puede decir que nunca un proyecto de reforma electoral ha sido tan repudiado por críticos y opositores, como el que ahora presentó la actual administración; el grado de rechazo es tal que se asume no sea aprobado por los aliados al partido en el gobierno, a pesar de disponer conjuntamente de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

Lo anterior implica que dentro de los aliados al partido gobernante se manifiesta una postura en contra de la propuesta, lo que habla no sólo de evidentes problemas conceptuales, de negociación y acuerdo entre quienes dominan al interior del Congreso, a pesar de su vínculo; también refiere el extravío y la debilidad de los propósitos que animan la propuesta.

Dos son los principales argumentos que se han anunciado como fundamento de la iniciativa, uno se relaciona con los costos que tiene el proceso electoral tanto por el lado de los quienes lo organizan como por parte de los partidos; el otro punto se refiere al imperativo de que las distintas candidaturas tengan una base electoral electiva. Ambos postulados resultan más que cuestionables como se verá en las próximas líneas.

El llamado costo de la democracia mexicana y su monto excesivo palidece ante los gastos que se han tenido que realizar en torno de las llamadas obras prioritarias y su operación, como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, a lo que debe sumarse los incrementos que cada uno de ellos tuvo, así como lo ocurrido en el Tren Transístmico; ello sin considerar las brutales transferencias de recursos que han tenido que realizarse para garantizar la operación de Pemex, así como el despilfarro de la corrupción como ha sucedido con el huachicol fiscal.

El gobierno pretende abaratar la operación de la........

© SDP Noticias