Ganar un juicio en México, en materias civil, mercantil, familiar o laboral, no es sinónimo de obtener justicia; a menudo es el inicio de un calvario peor. Obtener una sentencia firme o un laudo favorable se ha convertido en una victoria pírrica. El verdadero drama del sistema de justicia no está en el veredicto, sino en su ejecución. Es ahí donde el derecho se disuelve en un laberinto de hiperformalismo, improvisación, soberbia y una dilación excesiva que desangra a quien tiene el derecho legal y real. Y este diagnóstico ya no se limita a los rebasados juzgados del fuero común; el fuero federal, que solía operar como un dique de contención técnica, padece hoy los mismos vicios estructurales.

El corporativismo judicial y la opacidad disciplinaria

El fondo del problema es la falta de consecuencias. Prevalece un arraigado compañerismo judicial que actúa como un manto de impunidad y protección para juzgadores que dictan malas sentencias o sostienen criterios abiertamente arbitrarios. Los Consejos de la Judicatura locales y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial operan en una opacidad absoluta. En el ecosistema judicial no pasa nada, a menos que el juzgador caiga de la gracia del grupo de control y poder en turno.

El ejemplo más nítido de esta preocupante concentración de poder y conflicto de interés institucional se observa en la capital del país. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) —que gestiona más del 50% de los asuntos litigiosos a nivel nacional— sigue bajo el férreo control de Rafael Guerra, quien prolonga su mandato gracias al respaldo político del oficialismo. La gravedad institucional aumenta al cruzar la mirada con el ámbito federal: su esposa, Verónica De Gyves, es parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta cercanía familiar y política entre quien administra la justicia local más masiva del país y quien debe vigilar la disciplina de los juzgadores rompe cualquier principio de imparcialidad. Es un conflicto de intereses flagrante que........

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