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La corrupción no prescribe en la memoria pública

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06.11.2026

Investigar hasta las últimas consecuencias debería ser una obligación del Estado, no un motivo de controversia política.

La decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ampliar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) representa un paso importante en el esfuerzo por esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar quiénes pudieron beneficiarse indebidamente de ellos.

No se trata de una revisión menor. La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, ha anunciado que extenderá el análisis de contrataciones hasta el año 2000, abarcando 25 años de operaciones del entonces IFE, del INE y de los organismos electorales locales.

La dimensión de esta investigación permite plantear una pregunta de fondo: ¿durante cuántos años pudieron haberse construido redes de intereses al amparo de contratos públicos sin que existieran mecanismos suficientemente eficaces para detectarlas y desarticularlas?

Los indicios conocidos hasta ahora justifican una revisión exhaustiva. La identificación de operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales que contrataron con distintas instituciones públicas obliga a seguir la ruta del........

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