La aprobación de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas vinculadas al crimen organizado accedan a candidaturas representa uno de los avances más importantes en materia electoral y de seguridad pública de los últimos años.

No se trata simplemente de una reforma electoral.

Se trata de defender al Estado mexicano.

Durante décadas, la delincuencia organizada entendió que la forma más eficaz de controlar un territorio no era enfrentando al gobierno, sino infiltrándose en él. No necesita destruir las instituciones cuando puede capturarlas desde dentro. No necesita desafiar al Estado cuando puede convertirse en parte del Estado.

Por eso la propuesta de la presidenta merece el más amplio reconocimiento. Parte de una realidad que durante mucho tiempo muchas personas prefirieron ignorar: el crimen organizado no solamente disputa rutas de trasiego, territorios o mercados ilegales. También pretende disputar estados, alcaldías, congresos locales, fiscalías, corporaciones policiacas y espacios de poder.

Y cuando logra infiltrarse en las boletas electorales, el daño para una comunidad puede durar muchos años.

La preocupación no es nueva

Hace quince años, en Chiapas, intentamos construir un mecanismo preventivo para impedir precisamente ese riesgo.

El antecedente de Chiapas

En 2011 instruí al entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Castellanos, a desarrollar una propuesta para fortalecer los requisitos de elegibilidad de quienes aspiraban a cargos de elección popular.

La pregunta era simple: si policías, ministerios públicos y mandos de seguridad debían acreditar controles de confianza para proteger a la sociedad, ¿por qué no exigir estándares similares a quienes pretendían gobernarla?

No era una ocurrencia........

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