El 16 de julio, la Fiscalía General de la República detuvo en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, el hombre que en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición de la historia mexicana, por delincuencia organizada y huachicol fiscal. Tres días después, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa junto con otros siete imputados. La acusación lo describe como operador de una red que, a través de la empresa Ingemar, habría declarado como diez mil litros de combustible lo que en realidad eran carrotanques de más de cien mil, con un quebranto al erario calculado en más de cuatro mil millones de pesos.

Antes de que ese expediente se ventilara en una sala, la defensa ya había cambiado de tribunal. Se mudó al de la opinión pública, donde dos palabras, “persecución política”, funcionan como amparo anticipado en la tribuna de las redes sociales. El argumento es conocido porque es reciclable. Se utiliza cada que alguien de la oposición es llamado a la justicia para aclarar sus actos y se instala la narrativa del acoso para que, cuando hablen las pruebas, ya nadie las escuche. La estrategia consiste en sembrar la duda y descalificar ante a la autoridad, aunque sea exactamente la misma a la que se le reclama cuando el juicio contra políticos sucede en otras jurisdicciones y no en la nuestra.

Conviene detenerse, porque aquí se juega algo más grande que un exgobernador.

El garantismo,........

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