La reforma judicial volvió a reformarse antes siquiera de demostrar que podía funcionar, pues las reformas de alto calado se caracterizan por mostrar con lentitud, a la posteridad, sus efectos. Pero antes de poder ver los beneficios, las deficiencias operativas adentro de la Corte empujaron el cambio junto con los retos frente a la renovación del 50% restante. A todo esto, hay algo incomprensible que es la manera en la que la abogacía se ha despreciado desde el poder.

No digo que no cuenten con abogados en sus equipos, hay varios, pero pocos juristas en realidad. La abogacía, lo relacionado con la ley y las advertencias gremiales han sido leídos superficialmente como “ataques golpistas”. Los pocos juristas con voces que son escuchadas en el oficialismo como Ana Laura Magaloni, ya advertían los errores de diseño en la reforma judicial. Pero el parche a la reforma hace manifiesto que no solo se trata de un desprecio a los abogados y su visión, sino que en general, no hay abogados en los equipos, al menos no abogados constitucionalistas capaces de identificar errores más allá de las instrucciones presidenciales. Se presenta la reforma a la reforma y contradicciones básicas como el periodo y forma de elegir presidencia de la Corte se mantienen, un artículo dice que será cada dos años conforme al orden de las y los ministros más votados, otro artículo dice que será cada cuatro años por elección de las y los ministros. La antinomia fue de las más nombradas en los análisis, hasta en los más básicos.

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