El 6 de octubre, una circular de la Conapesca informó a las federaciones de pescadores de San Felipe y el Golfo de Santa Clara que el área de protección de la vaquita marina y la totoaba pasaba de 11 mil 106 kilómetros cuadrados a mil 562. El Diario Oficial publicó después el acuerdo de la Semarnat que lo formaliza. El mar no se movió ni la vaquita se mudó, pero cambió fue el mapa, y con él la frontera entre lo que el Estado protege frente a lo permitido, convirtiendo así en legal una inmoralidad que de por sí tenía deficiencias de cumplimiento porque el personal de la Marina es limitado para la gran extensión de la zona. Se eliminó el 86 por ciento de protección del polígono, justo cuando arranca la temporada de camarón y por dinámica de pesca, las redes pueden atrapar a los pocos ejemplares que se han salvado de la extinción para finalmente, llevarlas al desenlace mortal.

Nadie sensato niega que los pescadores del Alto Golfo viven de un oficio duro, en una región donde el Estado ha ofrecido más promesas que alternativas y que de hecho, desde 2024 enfrentaron medidas desfavorables. La compensación económica, la reconversión hacia artes de pesca sin riesgo para los cetáceos y la vigilancia efectiva han sido, durante años, deudas del gobierno antes que de las comunidades. Pero que una deuda esté impaga no justifica cancelar la obligación que la originó. Si el costo de proteger a la vaquita nunca se asumió como política pública, la respuesta honesta sería asumirlo, no abolir la protección.

La vaquita se........

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