El mérito desaparece en el búnker
Ninguna sociedad le cree a un sistema judicial que incumple la ley que ella misma aplica, y lo digo con la convicción de quien ha conocido el sistema judicial desde adentro y sabe que su único capital verdadero es la confianza. Desde los 18 años ingresé a la Rama Judicial de este país y, a lo largo de mi vida profesional, fui recorriendo cada una de las etapas de esa carrera hasta llegar a ser procurador delegado, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, presidente de la Sala Disciplinaria y, posteriormente, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y ministro de Justicia. Por eso conozco de primera mano lo que significa que el mérito, la preparación y el cumplimiento de las reglas sean la base para avanzar dentro de la administración de justicia. La Constitución dispuso en su artículo 125 que los empleos del Estado son de carrera y que el ingreso y el ascenso se hacen por concurso de méritos, y en su artículo 253 le encargó a la ley regular el ingreso por carrera a la Fiscalía General de la Nación. Por eso, las denuncias que fiscales de la propia entidad han hecho públicas sobre el concurso para proveer más de 4.000 cargos no pueden despacharse como un chisme de pasillo ni como una pelea burocrática. Tocan la raíz de lo que le da legitimidad a quien acusa en nombre del Estado.
Conviene recordar para qué existe la carrera en la Fiscalía, porque se suele olvidar. Cuando el constituyente de 1991 creó una institución encargada de investigar y acusar, entendió que un fiscal solo puede enfrentarse al poderoso si no le debe el puesto a nadie. La carrera es, en el fondo, un mecanismo de independencia. El fiscal que llegó por mérito responde a la ley y a su conciencia, mientras que el que llegó por recomendación responde, tarde o temprano, a quien lo recomendó. Esa es la razón por la cual el mérito no es un trámite de recursos humanos, sino una garantía institucional que el ciudadano nunca ve y de la cual depende, sin embargo, que su caso sea tratado con imparcialidad.
Hay, además, una enfermedad crónica que quienes hemos transitado por el Ministerio de Justicia conocemos bien: la provisionalidad prolongada. Durante años, buena parte de las plantas de la Rama Judicial y de la Fiscalía se sostuvo con nombramientos provisionales que debían ser transitorios y terminaron........
