El presidente Abelardo De La Espriella asumió el pasado 7 de agosto con un compromiso claro, anunciado desde Cali y consignado en su Plan de la Patria Milagro: reactivar la actividad petrolera y gasífera mediante nuevos contratos de exploración y avanzar con determinación en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia.

Comparto plenamente ese propósito. Colombia necesita explorar, producir y recuperar su soberanía energética. Pero esa reactivación debe venir acompañada de un mensaje igualmente contundente para las comunidades: la riqueza que se genera en los territorios debe traducirse también en desarrollo, inversión y oportunidades para las regiones productoras.

Por eso hemos radicado un proyecto de ley sencillo, de apenas cinco artículos, pero con un enorme impacto regional. La propuesta busca que una parte de los recursos que las empresas de petróleo, gas y minería ya pagan al Estado, llegue directamente a los municipios donde se desarrollan esas actividades.

Quiero subrayarlo, no estamos creando un nuevo impuesto, ni una nueva contribución, ni aumentando las cargas económicas sobre el sector minero-energético. Sería un error hacerlo en momentos en que Colombia necesita recuperar la inversión y la confianza. Estamos proponiendo distribuir territorialmente una parte de recursos que los operadores ya pagan y que actualmente son recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

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