La Registraduría, como ha sido usual, realizó los recientes comicios con eficiencia, celeridad, y, ante todo, transparencia. Todas las fuerzas políticas reconocieron los resultados como correctos; lo mismo hicieron los observadores internacionales, los medios de comunicación, los analistas independientes, en fin, la sociedad civil. Las cifras disponibles, así falte la definición de algunas curules, coinciden, en términos generales, con las encuestas de opinión. El fraude que denuncia el presidente habría tenido que ser extremadamente torpe, teniendo en cuenta que en el Senado la lista más votada fue la del Pacto Histórico; lo mismo posiblemente sucedió en la Cámara.

Que el resultado de las urnas haya sido correcto, a pesar de la compra de votos —una práctica creciente pero aún marginal— no significa que, aguas arriba, no haya habido coacción contra los ciudadanos ejercida por grupos delincuenciales, antes llamados “guerrilleros”. Peor aún: transgrediendo, hasta ahora de modo impune, la prohibición impuesta a los funcionarios públicos de actuar en política, el presidente lo viene haciendo en sus discursos y trinos; mediante el uso descarado de recursos públicos con fines proselitistas; y a través de una perversa estrategia encaminada a dañar la legitimidad de la Registraduría.

Para buscar remedio a este último abuso se adelanta un proceso judicial. Se pretende que Petro cese en sus descalificaciones, huérfanas de pruebas, contra la Registraduría. Temo, sin embargo, que ese remedio llegue tarde. Por eso propongo una vía complementaria, quizás más eficaz y expedita. El Procurador podría, de manera formal,........

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