Una de las condiciones de la negociación de La Habana fue la creación de la Comisión de la Verdad, como parte del Sistema Integral acordado con las extintas FARC. Su fin fundamental era esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Sin embargo, al ser dirigida por el cuestionado padre De Roux, su informe final generó indignación en muchos colombianos, quienes consideran que se priorizó la responsabilidad del Estado, las Fuerzas Militares y los paramilitares, mientras se minimizaban las atrocidades de las FARC. Desafortunadamente, se perdió una gran oportunidad para conocer la verdad de forma objetiva y sin sesgos tras 50 años de conflicto.

Lo más grave es que el actual Gobierno de Gustavo Petro, ignorando las debilidades del Acuerdo de La Habana, se dio a la tarea de negociar con los demás actores armados. Como el mismo presidente admitió, estos ya no son guerrillas políticas, sino redes de narcotráfico, paramilitares y narcoguerrilleros. Bajo el argumento de la “Paz Total”, el Gobierno maniató a las Fuerzas Militares y cedió el control territorial, debilitando la democracia colombiana.

Esto ha quedado completamente ratificado tras las revelaciones de Noticias Caracol, lideradas por Ricardo Calderón. Los audios del excomisionado de paz, Danilo Rueda, con el Clan del Golfo demuestran que se les ofrecieron ceses de operaciones, purgas en la inteligencia militar y prebendas. Este escándalo no puede ser visto como un hecho aislado, por más que el presidente Petro, Iván Velásquez y Laura Sarabia intenten ocultarlo. Las pruebas son irrefutables: desde el llamado “Pacto de La Picota”, la Paz Total no fue un diálogo, sino una........

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