«Pero ¿cómo puede alguien decir la verdad sobre el fascismo, a menos que esté dispuesto a pronunciarse en contra del capitalismo que lo genera?», Bertolt Brecht, Cinco dificultades para escribir la verdad (1935).

En su magnífica obra La era de los extremos, el difunto historiador Eric Hobsbawm advertía de que una de las características definitorias de finales del siglo XX era que los hombres y las mujeres vivían cada vez más en «una especie de presente permanente carente de una relación orgánica con el pasado público de la época en la que viven». Esa amnesia histórica conlleva un precio terrible. Cuando el pasado desaparece, perdemos no solo el lenguaje necesario para reconocer los peligros que ha legado al presente, sino también la capacidad de nombrar esos peligros cuando regresan bajo formas alteradas. La amnesia histórica se convierte así en una crisis del lenguaje: cuando perdemos las palabras que conectan el presente con el pasado, también perdemos el vocabulario político necesario para comprender lo que se está desarrollando ante nuestros ojos. Una crisis puede despertar la conciencia histórica, poner al descubierto las fuerzas que la han provocado y convertirse en un punto de encuentro para la resistencia. Pero cuando la crisis se convierte en catástrofe y el lenguaje con el que se nombran sus causas se vacía de significado histórico, la imaginación política comienza a derrumbarse. Lo que antes se podía cuestionar acaba pareciendo inevitable; lo que exigía resistencia se absorbe en los ritmos de la vida cotidiana. La catástrofe se convierte entonces en algo más que un acontecimiento. Se convierte en una pedagogía de la impotencia, que enseña a la gente a convivir con lo intolerable, a renunciar a su convicción de que el futuro puede ser diferente y a confundir la derrota política con el destino histórico. En ese momento, la normalización se convierte en una de las armas más poderosas del autoritarismo: la esperanza se ve despojada de su fuerza política precisamente cuando la resistencia resulta más necesaria.

Hay momentos en los que el lenguaje utilizado para describir una crisis política pasa a formar parte de la propia crisis. Estamos viviendo uno de ellos. El reciente intento de Carolin Amlinger y Oliver Nachtwey en Jacobin de teorizar sobre el trumpismo bajo la rúbrica de «fascismo democrático» es sintomático de un fracaso intelectual más amplio: la compulsión por suavizar el lenguaje del fascismo precisamente cuando es necesario nombrarlo. El problema va mucho más allá de un solo artículo. El trumpismo se ha descrito como populismo, democracia iliberal, populismo autoritario, autoritarismo competitivo, retroceso democrático y, ahora, fascismo democrático. Estas expresiones pueden reflejar elementos de la crisis actual, pero también pueden funcionar como eufemismos con los que domesticar una formación política cuyas características definitorias son cada vez más difíciles de negar. Cuando se vacía al lenguaje de sus implicaciones más inquietantes, se minimizan los mismos peligros que pretende nombrar. En el peor de los casos, convierte la crítica en un discurso de normalización.

Paul Street ha criticado acertadamente esta evasión retórica. Describe el «autoritarismo competitivo» —un término cada vez más utilizado para caracterizar a los Estados Unidos bajo el mandato de Trump— como una formulación académica exangüe que vacía al trumpismo de su contenido ideológico y político: racismo, xenofobia, patriarcado militante, ultranacionalismo, eliminación política, sectarismo, violencia, antiintelectualismo y destrucción de los límites constitucionales. Su argumento es crucial. Cuando un gobierno ataca a las universidades y a la prensa, convierte la aplicación de la ley de inmigración en un aparato coercitivo dotado de fondos masivos, trata a los oponentes políticos como enemigos internos, debilita las garantías procesales, construye una maquinaria tentacular de detención y desaparición, normaliza la violencia de Estado y organiza la vida política en torno a la venganza y la purificación racial, la cuestión ya no puede reducirse a si la competencia electoral sigue siendo justa. El discurso de la erosión procesal se convierte en una coartada para negarse a nombrar el proyecto político que se está gestando ante nuestros ojos.

Cuando las elecciones se convierten en una coartada

La expresión «fascismo democrático» reproduce este problema de una forma diferente. El fascismo no se vuelve democrático por el hecho de alcanzar el poder a través de las elecciones. Puede explotar las elecciones, los procedimientos constitucionales, los tribunales, las asambleas legislativas y la maquinaria de un Estado formalmente democrático, al tiempo que dirige esas instituciones contra la propia democracia. Confundir la vía hacia el poder con la naturaleza del poder que se ejerce es confundir la envoltura institucional de la democracia con su sustancia política y ética.

La historia debería haber zanjado esta cuestión hace mucho tiempo. Los movimientos fascistas han utilizado repetidamente las instituciones democráticas para adquirir legitimidad y poder antes de atacar las condiciones que hacen posible la democracia. Giorgia Meloni no tomó Roma al frente de una columna armada. Se convirtió en primera ministra de Italia después de que su partido, Hermanos de Italia, saliera victorioso de las elecciones de 2022 . Sin embargo, Hermanos de Italia tiene sus raíces históricas en el Movimiento Social Italiano, una formación neofascista de la posguerra. Aunque Meloni ha intentado presentarse como una conservadora convencional, los escándalos dentro de su partido han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones saludos fascistas, consignas nazis, antisemitismo y nostalgia por el pasado fascista de Italia. Su elección no transformó por arte de magia esa historia en política democrática. Demostró algo mucho más inquietante: las elecciones pueden proporcionar a las formaciones políticas autoritarias y fascistas la legitimidad que necesitan para introducirse en el Estado, normalizar su discurso, debilitar las instituciones democráticas y redefinir gradualmente los límites de lo que es políticamente aceptable. La India de Modi, la Hungría de Viktor Orbán y, en un registro diferente, la Argentina de Javier Milei revelan variaciones de un mismo peligro más amplio: la política autoritaria no necesita abolir las elecciones para vaciar de contenido a la democracia. La legitimidad electoral puede convertirse en el vehículo a través del cual los movimientos autoritarios se introducen en el Estado y desmantelan la democracia desde dentro.

El fetiche liberal de las elecciones hace algo más que disfrazar el fascismo de democracia; blanquea el poder autoritario a través de las urnas, convirtiendo la rendición política en virtud democrática y la mala fe en el lenguaje de la plenitud liberal. Este es el discurso de la purga y la desinfección políticas. Peor aún, despoja al fascismo de su sangre, su terror y sus cuerpos. La violencia que se oculta tras términos antisépticos como «autoritarismo competitivo» se hace visible en los agentes de inmigración enmascarados que detienen a personas en sus lugares de trabajo, hogares, parques y calles; en niños de cinco años detenidos junto a sus padres al volver del colegio; en familias que viven aterrorizadas por las desapariciones; y en una maquinaria de detención y deportación cada vez más despojada de límites legales.  El coste humano queda oculto cuando los misiles estadounidenses alcanzan una escuela primaria iraní y matan a más de cien niñas. Queda oculto en Gaza, donde se ha informado de la muerte de al menos 21.700 niños palestinos y de decenas de miles más heridos, en medio de la destrucción de hogares, hospitales, escuelas y las condiciones necesarias para la propia vida. El coste humano también pasa desapercibido cuando se prevé que los recortes en Medicaid dejen a 7,5 millones de........

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