La xenofobia y el racismo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos está alcanzando niveles de extrema agresividad contra la población con estatus irregular que vive en ese país.

Los días 6 y 7 de junio últimos en las ciudades de Los Ángeles y San Diego, California, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con apoyo de agentes del FBI y de la Patrulla Fronteriza –avituallados con equipo militar, incluyendo ametralladoras– realizaron redadas para detener a personas en espacios de trabajo y en los alrededores de tiendas de materiales de construcción generando pánico entre los detenidos y sus familias y comunidades.

Como es comprensible, la indignación y el enojo son generalizados. El gobierno del estado de California, las autoridades locales de Los Ángeles y San Diego, congresistas locales y federales, las organizaciones civiles y de comunidades, entre muchas más, han expresado abiertamente su rechazo a las acciones antiinmigrantes de Trump. No solamente por la forma extrema, injustificable, sino porque su objetivo no son personas aisladas y desconocidas.

Por el contrario, se trata de integrantes de comunidades, personas que trabajan y contribuyen económica, social y culturalmente en la región, que además tienen familias y son miembros de redes religiosas, escolares y laborales, entre otras.

En otras palabras, pese al estatus irregular, se trata mayoritariamente de personas plenamente incorporadas y reconocidas en los espacios sociales cotidianos de California. Sucede también así a lo largo de Estados Unidos.

El proyecto antiinmigrante de Trump no tiene conciencia sobre esta realidad social........

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