En cualquier democracia sana la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, no una dádiva del poder. Parte de esta información fluye mediante la comunicación gubernamental financiada enteramente con recursos públicos. Sin embargo, en México la asignación del presupuesto de publicidad oficial ha sido históricamente –y continúa siendo– una de las herramientas más perversas, eficaces y opacas de control editorial, cooptación mediática y censura indirecta.

Bajo la bandera del “cuidado de las audiencias”, la protección de los sectores vulnerables y el combate a la desinformación, el gobierno pretende articular un marco normativo que, en los hechos, funciona como una ley de censura. Lo que la narrativa oficial vende como una tutela responsable hacia la sociedad es, en realidad, el refinamiento del control gubernamental sobre el debate público.

La combinación de una distribución discrecional del gasto público con un aparato regulador dotado de facultades para sancionar los contenidos crea un entorno asfixiante para el periodismo libre.

Las campañas institucionales tienen un propósito legítimo: difundir mensajes de interés social, como campañas de vacunación, prevención de desastres naturales, ofertas culturales o la explicación de procedimientos para el trámite de servicios públicos. Su fin último es garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

La discrecionalidad como diseño de control

La entrega discrecional de recursos públicos a los medios de comunicación no responde a una falla técnica ni a una simple deficiencia administrativa. Por el contrario, opera como un diseño deliberado de control: permite premiar a quienes acompañan la narrativa oficial y castigar a quienes ejercen una labor crítica.

La entrega discrecional de recursos públicos a los medios de comunicación no responde a una falla técnica ni a una simple deficiencia administrativa. Por el contrario, opera como un diseño deliberado de control: permite premiar a quienes acompañan la narrativa oficial y castigar a quienes ejercen una labor crítica.

A principios de la década de 1980, el presidente José López Portillo retiró la publicidad oficial de Proceso y sintetizó esa lógica con........

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