CIUDAD DE. MÉXICO (Proceso).- Este 30 de junio de 2026 vence el plazo para vincular cada línea telefónica a la Clave Única de Registro de Población (CURP); a partir del 1 de julio, las que no se registren serán suspendidas (Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, DOF, 9 de diciembre de 2025). La presidenta Sheinbaum lo ha defendido al sostener que México es de los pocos países —“si no es que el único”— donde las líneas no están asociadas a una persona (conferencia matutina, 18 de junio de 2026). El dato es parcialmente cierto. Lo es que el anonimato de las SIM alimenta la extorsión y el fraude, y que varios países —Francia, España, Alemania, Italia, Brasil— sí identifican a sus usuarios. Lo inexacto es el “único”: democracias como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Irlanda o la República Checa han decidido deliberadamente no atar la línea a una identidad, por concluir que sus huecos y costos superan a los beneficios; México mismo, tras caer el padrón de 2021, figuraba hasta ahora en ese grupo. Como diría el clásico: no basta con leer el texto: hay que leer el contexto. Y el contexto es excepcional: el padrón se levantó tras quedarse sin los dos órganos que debían vigilar una medida así —el regulador de telecomunicaciones y el garante de los datos—. Hoy ambos dependen, orgánicamente, del gobierno que ordena el registro. Quien ordena el registro es hoy quien lo vigila; quien debía vigilarlo depende de quien lo ordena; el contrapeso desapareció. Veamos. 

Primero. Durante más de una década, las telecomunicaciones las supervisó un órgano constitucional autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado en 2013. La reforma de “simplificación orgánica” lo extinguió junto con otros seis autónomos (DOF, 20 de diciembre de 2024) y lo sustituyó........

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