El escándalo que, de manera artificial, intentan levantar las autoridades federales y Morena con cargo a la gobernadora del estado de Chihuahua, es una bola de humo, un distractor; pretenden que en lo interno la opinión pública deje de atender algo muy grave: la sospecha fundada de que existió connivencia y complicidad con el crimen organizado, de parte de un gobernador, un senador y otros servidores públicos de Sinaloa, que son miembros connotados de Morena. 

La acusación contenida en la solicitud de extradición formulada por autoridades de Estados Unidos es muy grave; lo es desde los puntos de vista penal y político. Lo es por el hecho de que existen indicios de que quienes aparecen en la solicitud de extradición fueron patrocinadores económicos, liberales y desprendidos de esa organización política; ésta, en pago de su apoyo, a como dio lugar, les permitió ocupar posiciones importantes en los niveles federal y local; lo hizo sin cuidarse de incurrir en ilícitos e irregularidades. Éstos, en su momento, fueron pasados por alto por las autoridades electorales.

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Ante la encuerada en pública que les dieron, los funcionarios federales y Morena trataron de distraer la atención de la ciudadanía; a más no haber, intentaron ventanear a la gobernadora de Chihuahua bajo el pretexto de que había autorizado la presencia de agentes de la CIA en el operativo que se llevó a cabo en territorio de ese estado para desmantelar un laboratorio dedicado a la producción de droga. 

Los senadores, muy dignos e indignados, citaron a la gobernadora a comparecer ante ellos a efectos de........

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