En una democracia, el problema no es que el Estado tenga organismos de inteligencia. El problema empieza cuando la inteligencia deja de servir a la seguridad nacional y se acerca peligrosamente al terreno de la disputa política.

Ahí la pregunta ya no es solo jurídica. Es una pregunta democrática: ¿puede la oposición competir libremente si desde el poder se alude a “informes de inteligencia” sobre sus conversaciones? La respuesta debe partir de una distinción básica. En Colombia, la inteligencia y la contrainteligencia están reguladas por la Ley 1621 de 2013.

Esa ley permite actividades de inteligencia, pero bajo límites estrictos: legalidad, necesidad, idoneidad, proporcionalidad y respeto a los derechos........

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