Al igual que en el sistema público de salud, el gobierno reformó el sistema pensional mediante medidas administrativas que, afectan severamente a las personas, generan enormes riesgos y tienen un alto costo fiscal.

Todo por marchitar las empresas privadas. La primera medida fue el decreto que elevó el salario mínimo en 23%.

Este aumento obliga a que las personas pensionadas con su ahorro capitalizado tengan que sacar más de lo que acumularon para pagar el seguro que les garantiza una pensión del mínimo, una renta vitalicia, reduciendo las pensiones futuras, a demorar la pensión y a reducir el tamaño de las mesadas.

La segunda medida fue un decreto que modifica el cálculo del seguro que cubre los riesgos en las rentas vitalicias (el seguro que garantiza que una persona o sus supervivientes nunca dejen de recibir una pensión inferior al salario mínimo o en caso de invalidez).

El impacto sobre la prima por el aumento del salario mínimo se suma al cambio de los parámetros con los que se calcula el costo del seguro, ahora el mayor valor entre un aumento de la productividad “acordado en un comité tripartito” o una fracción del 35% de la inflación pasada en la última década, lo que en efecto hace las mesadas futuras en una decisión política, no basada en evidencia o datos.

El efecto es inmediato, pues las aseguradoras, como habrán notado en las comunicaciones que recibieron en febrero más de 17 millones de afiliados a las administradoras de sus fondos de pensiones, ya ajustaron al alza las primas drásticamente, llevando el costo promedio a 2,63%, muy cerca del tope del 3% máximo de las contribuciones.

Este riesgo político hace extremadamente costoso asegurar el pago de las pensiones, lo que llevará muy seguramente, a dejar a los ahorradores sin cobertura a los riesgos de invalidez o muerte.

Hay más daños: cerca de 12 mil personas deberán posponer, casi cinco años en promedio, el inicio de su retiro, afectando severamente a los mayores; cerca de 33 mil afectados que antes podían financiar su pensión con lo ahorrado, al no poder pagar el seguro, ahora deberán ir al sistema de garantía de pensión mínima, lo que hará que el Fondo que cubre esas pensiones se agote más rápido que antes, a un costo total estimado de casi cinco billones de pesos, profundizando la crisis fiscal.

Los pensionados en retiro programado -que decidieron no comprar un seguro- sino ir retirando de sus ahorros lo de su pensión, ahora tienen un riesgo de disminución de mesadas, pues esas personas, cerca de 73 mil, también tienen que pagar un seguro previsional más caro.

En algunos casos, por ejemplo de personas con pareja joven, la reducción de la mesada puede ser del 30% o más. Muchas de estas medidas no solo son dañinas, sino aparentemente irreversibles. Todo por el fútil intento, la inútil idea, de “cancelar el lucro”. Esto no puede seguir así. 

Jorge Restrepo

Profesor de economía de la Universidad Javeriana.

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