Las alarmas suenan a escala europea. Se convocan reuniones de crisis. Ministros del Interior de una decena de países exigen medidas inmediatas. Los titulares hablan de "invasión". Los políticos prometen fronteras cerradas y devoluciones inmediatas a Marruecos. Lo que ha ocurrido es que un grupo de personas — rotas por el hambre, la pobreza y la persecución — han cruzado el estrecho brazo de mar que separa África de Europa en Ceuta.

Llamarlo invasión no es solo inexacto. Es jurídicamente absurdo. Una invasión presupone un sujeto estatal con intenciones hostiles y capacidad militar. De lo que hablamos es de personas — en su mayoría hombres jóvenes, a veces menores no acompañados — dispuestas a jugarse la vida por la oportunidad de llegar a un país que pueda ofrecerles protección. En cambio, hablamos de logística y fronteras cerradas. Es también una respuesta — solo que no especialmente honesta.

El derecho a ser examinado no es opcional

El debate europeo sobre Ceuta adolece de un malentendido jurídico fundamental: que sería posible devolver a las personas directamente a Marruecos sin que su situación haya sido examinada. No es posible. No es una cuestión de voluntad política — es una cuestión del ordenamiento jurídico en el que hemos elegido vivir.

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El artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 — ratificada por todos los Estados miembros de la UE — consagra el principio de non-refoulement: ninguna persona puede ser devuelta a un país donde corra riesgo de persecución. Esto rige con independencia de cómo haya entrado, de si lo hizo de forma regular o irregular, y de la presión que reine en el debate político en ese momento. El mismo principio se recoge en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE — está inscrito, en definitiva, en todos los niveles del ordenamiento que nos rige.

La Directiva de procedimientos de asilo de la UE es aún más explícita: quien se encuentre en territorio europeo — incluida una zona fronteriza o un centro de acogida provisional — tiene derecho a presentar una solicitud de asilo y a permanecer en el país hasta que esa solicitud haya sido resuelta. No es un........

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