La relación entre el derecho y la democracia no es una mera coincidencia estructural, es una dependencia mutua de supervivencia, y es importante que no lo olvidemos. La democracia otorga legitimidad al derecho y evita que sea una herramienta de opresión. El  derecho proporciona los límites y las garantías para que la democracia no se autodestruya ni se convierta en la tiranía de una mayoría. Este binomio conforma lo que conocemos como Estado de Derecho, y en el caso de España, su historia y sus desafíos recientes y los actuales ofrecen una radiografía perfecta de cómo esta relación se construye, se tensiona y evoluciona.

Durante la transición a la democracia (1975-1978), los padres y las invisibilizadas madres de la democracia soportaron el desafío de desmantelar una dictadura de casi cuatro décadas que había usado el derecho para la opresión, y lo hicieron sin provocar una ruptura traumática o violenta. Ellas tuvieron, además, el reto titánico de incorporar la igualdad formal entre hombres y mujeres como paso esencial para iniciar el camino, aún no terminado, hacia la igualdad real. Trabajando en conjunto crearon una obra maestra de ingeniería jurídica, pues se utilizaron las propias leyes fundamentales del régimen franquista para desarmar el sistema desde dentro y convocar elecciones libres. Pero fue una obra amarga con consecuencias perversas que aún tenemos que abordar como sociedad, porque el derecho creado durante la Transición fue un vehículo pacífico hacia la democracia pero no hacia la justicia y  la sanación de nuestra sociedad.

El trabajo político y jurídico actuó como mecanismo de contención para evitar una revuelta armada, legalizando los partidos políticos y sindicatos pero sin provocar un alzamiento militar inmediato, redactando una constitución moderna homologable a las democracias europeas con la paradoja de ser una monarquía parlamentaria con un rey (preferentemente varón) por encima de la ley, y garantizando que el cambio del régimen se hiciera a través de las urnas y no de las armas.

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