Nominada por Donald Trump en 2020, la jueza federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Aileen Mercedes Cannon, era una oscura integrante del aparato judicial, hasta que adquirió perfil nacional debido una decisión suya sobre el caso de los documentos oficiales sustraidos y almacenados por el expresidente en su espacioso y soleado recinto de Mar-a-Lago.

Entonces se le conoció por designar, a petición de Trump, a un ”perito especial” para revisar los materiales incautados por el FBI en la mansión aludida, a fin de determinar cuáles estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente y cuáles por el privilegio ejecutivo. Asimismo, fue conocida por ordenarle al Departamento de Justicia dejar de utilizar el material incautado hasta que completarse la revisión de ese perito o hasta que se emitiera una nueva orden judicial. Una decisión que desde entonces la inmensa mayoría de los expertos legales calificaron de sorpresiva a problemática.

La jueza republicana de origen colombiano, hija de un exiliado cubano y criada en Miami, hizo además un aporte a contrapelo del sentido común al negar que la posesión del material por parte de Trump no corría el riesgo de “divulgación inminente de información clasificada”.

Contra las cuerdas: el caso Trump en Miami

Apelada la decisión por la parte acusadora, el caso fue elevado a la instancia superior. El 1ro de diciembre de 2022, el Undécimo Circuito de Atlanta ordenó desestimar lo que decidió la jueza por haber “ejercido indebidamente su jurisdicción”. Ese circuito de apelaciones encontró que “el tribunal de distrito (es decir, Cannon) intervino con su propio razonamiento” varias veces para argumentar a favor de Trump, por momentos incluso tomando posiciones que el acusado y sus defensores no habían argumentado.

En tesitura con ese fallo, un conocido servicio de noticias del gremio,

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