Las Leyes de Extranjería y Sedición fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en 1798 durante el Gobierno del presidente John Adams, en medio de una posible guerra y temores de una invasión francesa.

Ahora que el tema ha vuelto a la conversación, resulta útil evocar ciertas tangencias con la contemporaneidad. El Partido Federalista, que apostaba por un ejecutivo fuerte, era entonces la fuerza dominante en la política estadounidense al ganar Adams las elecciones. Fue el segundo presidente de Estados Unidos, después de George Washington (1789-1797).

Agrupados en el Partido Democrático-Republicano, también conocido como los jeffersonianos —un antecedente del actual Partido Demócrata—, sus oponentes estaban por dar más poder a los gobiernos estatales, acusando a los otros de preferir un estilo monárquico de gobierno.

Los primeros acusaron a los segundos de estar confabulados con Francia contra el Gobierno de Estados Unidos. Uno de los padres fundadores de la nación, Alexander Hamilton, profundamente antijeffersoniano, escribió que eran “más franceses que estadounidenses” y que estaban preparados, literalmente, “para inmolar la independencia y el bienestar de su país en el santuario de Francia”.

Debido a esas leyes el Gobierno pudo entonces arrestar y deportar a cualquier ciudadano de una nación enemiga en caso de guerra. Y hacer lo mismo con cualquier persona no ciudadana por sospechas de conspirar contra el poder.

La mayoría de esas leyes han expirado o han sido derogadas a lo largo de los años. Ley de Enemigos Extranjeros ha sido ahora rescatada y reciclada del diván por los ideólogos de MAGA después de más de ochenta años sin aplicarse.

El presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros en caso de “guerra declarada” o cuando un Gobierno foráneo amenaza o lleva a cabo una “invasión” o “incursión depredadora” contra territorio estadounidense.

Expertos legales e historiadores señalan que en la Constitución y otros documentos de fines del siglo XVIII, el término “invasión” se usaba literal y típicamente para referirse a ataques militares. Y que “incursión depredadora” se empleaba literalmente para referirse a ataques de menor escala, siempre dentro del ámbito castrense.

La Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de declarar la guerra. Por consiguiente, el presidente debe esperar un debate y una votación en el Congreso para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros a partir de una guerra declarada.

Sin embargo, el presidente no necesita esperar a que el Congreso invoque la ley ante una “invasión” o........

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