La mayoría de los candidatos para Gobernadores, Consejeros, Alcaldes y Concejales que pretenden captar el apoyo de la población votante en todas las regiones y municipios de Bolivia, ingresan al escrutinio libre, pleno, e informado de quienes tienen la última palabra, consciente, cívica y no embargada, coercionada o prebendalizada. 

Los ciudadanos habilitados antes de emitir su voto por los candidatos de su preferencia se encontraron con el dilema de saber si todos precedían de una votación de congresos de sus partidos o Alianzas políticas. Me temo que ninguno, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no se ha decidido por esta regulación, lo que puede que los que se enfilan a las sillas de Gobernación y Alcaldías, y los curules de estas instituciones democráticas, no acaben ni de entusiasmar ni de atraer la mayoría o el consenso a su favor. 

Ante esta fragilidad democrática pendiente de solución, se añade otra que nace del sentimiento reflejado en corredores y filas de los votantes ¿por quién votaremos? si no conocemos sus planes y programas del perfil que al menos pudiera convivir con las necesidades e intereses de la comunidad. 

Los votantes tienen derecho político a la obtención de información: adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, siempre que está información haya sido continua y sostenida por el TSE y los Tribunales Departamentales Electorales y, a su vez, en lo fundamental haya sido comprendida por todos los segmentos de la población boliviana. 

Mas allá de estas observaciones que soplan en los corredores de los recintos electorales y post escrutinio a cargo de los jurados en cada mesa de sufragio, normal, público y transparente en los resultados dados a conocer en presencia de delegados políticos, se ha notado la madurez del sufragante al ser testimonio vivo del escrutinio, firmas de actas y cierre de ánfora. Esto refleja, que para el emisor del voto el acto no es un simple derecho y deber político, sino que todo es resultado de un proceso considerado: Plural, social y legalmente válido, en perspectiva de seguir reajustando el rodaje en las organizaciones políticas y la credibilidad de los ciudadanos ante los elegidos. Además de ejercer el control en los compromisos de quienes resulten elegidos en la jornada electoral. 

Es importante que el TSE y los Tribunales Departamentales Electorales, fomenten la confianza de la sociedad en el régimen de legalidad y en las tareas de las nuevas autoridades que se legitiman mediante el voto democrático, sea como Gobernadores y Consejeros (mayoría cualificada) o, bien como Alcaldes y Consejales (electos por simple mayoría). La base para lograr entusiasmar a una familia política polarizada, dividida en la adversidad de la hemorragia electoral, es remontar, reconciliar y difundir, debatir y expandir los proyectos de todas las organizaciones políticas en competencia, pero con el tiempo razonable para contrastar y en su caso impugnar a aquellos que ofertan megaproyectos inalcanzables, en el imaginario como si los fajos de dólares bajaran del cielo o, transportadas en 32 maletas evaporadas. 

La histórica y sonada elección subnacional verificada con toda normalidad el domingo 22 de marzo, reporta enorme notoriedad y reconocimiento mundial. Al elegirse a 9 Gobernadores Departamentales, 144 Asambleístas Departamentales por territorio, 105 Asambleístas departamentales por población y 28 Asambleístas Departamentales en representación de las Naciones y Pueblos Indígena........

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