Hay conquistas históricas que terminamos considerando parte del paisaje: acudir al médico de cabecera sin preguntarnos cuánto costará la consulta, llevar a nuestros hijos a la escuela pública, cobrar una pensión tras toda una vida laboral o recibir una prestación cuando perdemos el empleo. Hemos organizado nuestro proyecto vital contando con ellas. Quizá por eso olvidamos a menudo que costó décadas de lucha conseguirlas y que ninguna de estas certezas está garantizada para siempre.

Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Europa amplió y consolidó sus sistemas de protección social. Existían antecedentes, pero la amarga experiencia de la guerra y de las grandes crisis económicas reforzó una convicción compartida: una sociedad auténticamente democrática necesitaba ofrecer seguridad objetiva frente a la enfermedad, el desempleo y la vejez. Aquella construcción fue fruto de grandes acuerdos entre distintas familias políticas. Durante las décadas posteriores, el continente experimentó una drástica reducción de las desigualdades y unos niveles de bienestar colectivo que jamás se habían dado en la historia.

Los impuestos directos y las cotizaciones sociales permitieron extender la sanidad, la educación y las pensiones como derechos universales. Más tarde se incorporaron respuestas a nuevas realidades, como la atención a la dependencia. Con matices entre países, se afianzó un principio ético fundamental: mutualizar los riesgos que cualquiera puede sufrir a lo largo de su vida y evitar que el origen familiar determine las oportunidades de un ciudadano. En España, la llegada de la democracia permitió edificar y ampliar decisivamente ese escudo de protección.

Ese pacto social exige recursos suficientes, una fiscalidad progresiva y unos servicios públicos ágiles. Sin embargo, hoy gana espacio un discurso simplista que presenta los impuestos únicamente como una carga confiscatoria, la........

© Noticias de Navarra