La nueva ordenanza Aukera, aprobada en pleno extraordinario la semana pasada, con el respaldo de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, no aborda las causas estructurales de la precariedad asociada al acceso a la vivienda. Lejos de reforzar el derecho a un hogar estable, consolida un modelo de alojamiento temporal, condicionado y revisable, orientado a gestionar la exclusión sin atacar sus raíces.

El problema de fondo es bastante nítido: la vivienda no se configura como un derecho garantizado de forma estable, sino como un recurso limitado, sujeto a la disponibilidad del parque público y a dispositivos administrativos de carácter transitorio. En este marco, la estabilidad residencial deja de ser un derecho consolidado y pasa a depender de criterios de acceso, seguimiento y revisión.

Al definir estos alojamientos como “dotacionales” y excluir expresamente la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la norma elimina las garantías básicas asociadas a cualquier forma ordinaria de arrendamiento. Quienes acceden a estas viviendas no adquieren un derecho de permanencia equiparable al de un alquiler convencional, sino una autorización administrativa de carácter temporal,........

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