Ante la proximidad de las elecciones legislativas y con el antecedente de las pasadas elecciones presidenciales, se vuelve imperioso —y no opcional— exigir respeto en la contienda política y establecer controles eficaces frente a la desinformación que marcó de manera grave el proceso electoral de 2022. No se trata de una discusión abstracta ni de una queja retrospectiva: está en juego la credibilidad misma del sistema democrático colombiano.

Las elecciones de 2022 dejaron una lección clara y preocupante. La manipulación informativa, la circulación masiva de falsedades, la estigmatización deliberada del contradictor político y el uso estratégico de narrativas engañosas no fueron fenómenos marginales, sino herramientas centrales de campaña. El daño no fue únicamente reputacional; fue estructural. Se erosionó la confianza ciudadana en las instituciones electorales, se polarizó artificialmente el debate público y se debilitó la noción misma de competencia democrática en condiciones de igualdad.

Hoy, de cara a un nuevo ciclo electoral, repetir ese escenario sería irresponsable y peligroso.

Pero el problema no se agota en la desinformación digital. Existe un riesgo aún más grave, menos visible en redes sociales pero más determinante en el territorio: el control electoral ejercido por grupos armados ilegales.

En amplias zonas del país, la libertad del voto sigue siendo una ficción. La presencia de estructuras criminales —disidencias de las Farc, ELN, bandas narcotraficantes y economías ilegales— condiciona campañas, intimida votantes, define resultados y convierte la elección en un........

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