El recién pasado 16 de octubre, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, cumpliendo con el mandato del Estatuto Autonómico de ese departamento, promulgó la ley que crea la “Defensoría Departamental de las cruceñas y cruceños”, una entidad desconcentrada del Ejecutivo, que actuará contra entidades públicas de cualquier nivel del Estado y entidades privadas que presten servicios públicos cuando estas vulneren derechos individuales o colectivos dentro de ese departamento.

La decisión marca un avance sustantivo en el proceso de reorganización del Estado, en la etapa de transición hacia un modelo democrático, liberal y autonómico. Su mayor mérito es recuperar los principios de que las transformaciones no pueden limitarse a la economía, la gestión fiscal o el reparto de competencias; que los derechos humanos deben volver al centro de la planificación pública; y que las instituciones, en cualquier nivel, están al servicio de las personas.

Los derechos se ejercen y se vulneran en el territorio, en los hospitales, los centros de acogida, las escuelas, los servicios básicos y las oficinas públicas donde la población acude todos los días. Un modelo autonómico que acerca las decisiones a la gente, tiene la oportunidad y la obligación de acercar también los mecanismos de........

© Los Tiempos