Los problemas que se han presentado en los comicios autonómicos del 22 de marzo pasado terminaron de evidenciar una serie de distorsiones y vacíos en el régimen electoral boliviano.

A diferencia de los cuestionamientos sobre la calidad del Padrón Electoral, el conteo de votos o la transparencia, estas falencias hoy tienen que ver con el registro y participación de partidos y candidatos, y las decisiones del ente electoral.

Las irregularidades han sido múltiples: falsificaciones en el registro de militantes que no fueron sancionadas, inhabilitación inicial del 80% de los candidatos registrados, sustituciones a último momento, papeletas con candidaturas anuladas, denuncias de cobros por postulaciones y retiro de candidatos sin ningún argumento consistente.

Todo esto no solo refleja la degradación extrema de los partidos, sino también la ineficacia del sistema y la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos.

El origen de este escenario crítico es el bloque normativo que rige al sistema electoral. La Ley 026 del Sistema Electoral, la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y la Ley 018 del Órgano Electoral, fueron diseñadas para asegurar la permanencia en el poder de un régimen autocrático que........

© Los Tiempos