Bolivia asiste, entre la indignación y el asombro, al espectáculo más degradante de su historia institucional reciente. El hallazgo en puertos chilenos de ciento ocho toneladas (avaluada en $8 mil millones de USD) de sustancias ilícitas impregnadas en cargamentos forestales de exportación no es un simple incidente de aduanas; es la radiografía de un Estado perforado, una humillación internacional que deja al descubierto la alarmante fragilidad de nuestras fronteras y la absoluta inoperancia de quienes tienen el mandato constitucional de protegernos. Frente a semejante cataclismo, la respuesta de la administración del presidente Rodrigo Paz no ha sido la firmeza ni la autocrítica, sino una preocupante combinación de retórica defensiva y maniobras políticas que rayan en el absurdo.

El epicentro de este terremoto político tiene nombre y apellido: Marco Antonio Oviedo. El ministro de Gobierno ha decidido enfrentar la crisis no como un servidor público responsable de la seguridad nacional, sino como un estratega de comunicación enfocado en salvar su propio cargo a costa de la dignidad del Estado. En sus recientes comparecencias, Oviedo se ha enredado en una vergonzosa guerra de semántica, intentando convencer al país de que la gravedad del asunto disminuye porque el cargamento no era cocaína pura, sino un cóctel químico mezclado con ketamina y otras sustancias adulterantes. Para las familias bolivianas que ven cómo el crimen organizado se enquista en el territorio nacional, y para la comunidad internacional que observa con recelo nuestras exportaciones, la pureza de la droga es un detalle técnico irrelevante. Lo verdaderamente intolerable es que más de........

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