Carlos Eleno, a la derecha de Luis Rodríguez, en la reunión en la que también aparece Carlos Baño. / / INFORMACION

El Consejo de Administración del Puerto de Alicante destituyó el viernes al director de la entidad, Carlos Eleno, que llevaba 11 años en el cargo tras haber sido, entre 2007 y 2015, director general de Puertos de la Generalitat y después director general de Transportes con los gobiernos de los populares Francisco Camps y Alberto Fabra.

El cese fue aprobado por unanimidad y explicado oficialmente como una mera reestructuración del organigrama ejecutivo del Puerto. Pero la razón de fondo es su actuación respecto a las obras ilegales que la Cámara de Comercio llevó a cabo para instalar su nueva sede en el recinto de Panoramis, obras que siguen paralizadas y con orden de demolición. Cuando se descubrieron las irregularidades, Eleno trató de justificarlas con un informe firmado por él pero que en realidad había sido hecho por el abogado Rafael Ballester, que trabajaba al mismo tiempo para el Puerto, para la Cámara de Comercio y para Digital Corner, la sociedad participada por el empresario Enrique Ortiz concesionaria del complejo donde se hicieron las obras.

El Ayuntamiento de Alicante rechazó dicho informe denunciando que era “de parte” y exigiendo al Puerto que fuera un órgano de gobierno el que asumiera las alegaciones. La Abogacía del Estado se vio obligada a intervenir. Las posteriores inspecciones a partir de ese hecho pusieron de relieve que la práctica totalidad de las instalaciones de Enrique Ortiz presentaban excesos de construcción que no habían sido denunciados. A día de hoy, la mayoría de las empresas que se encuentran en Panoramis, con la excepción de la Cámara, ha regularizado su situación. Pero sobre la sociedad de Ortiz pesa una sanción impuesta por el Puerto de 240.000 euros y las investigaciones se están extendiendo a otras concesiones a otras empresas, en las que ya no tiene nada que ver Ortiz, sin que se descarte la próxima clausura de alguna de las más conocidas, también por incumplimiento de la ley, y que el caso derive finalmente en la exigencia de responsabilidades en los tribunales.

Eleno es, pues, el primer alto cargo que pierde su puesto por el escándalo de la Cámara, cuyo presidente, Carlos Baño, votó sin embargo a favor de su destitución en el Consejo de Administración del Puerto, seguramente aconsejado por sus abogados. Como saben, al margen de esta polémica por esa nueva sede que ahora está cerrada pero en cuya construcción la Cámara invirtió tres millones de euros a pesar de no ser propietaria de los locales, dinero que pretendía abonar con fondos públicos de la Generalitat, Baño fue detenido hace dos semanas por orden de un juzgado que le investiga por un delito de estafa contra la Administración en la gestión de los bonos-comercio que numerosos ayuntamientos pusieron en marcha después del Covid para dinamizar el consumo y en los que la Diputación Provincial, entonces presidida por Carlos Mazón, invirtió 58 millones de euros. Baño, que fue asistido en Comisaría por el mismo letrado que asesora a Mazón y que a su vez es el decano del Colegio de Abogados de Alicante, fue puesto en libertad con cargos después de que agentes de la UDEF registraran las oficinas de la federación alicantina de Comercio, asociación que también preside. Esas oficinas se encontraban alojadas en la sede que la patronal CEV tiene en Alicante. La presidencia de la CEV la ostenta ahora César Quintanilla, que llegó al cargo hace apenas unos meses dentro de la misma operación que terminó con la retirada de la presidencia regional de Salvador Navarro, tras ser señalado como enemigo a batir por Mazón en un acto público cuando aún presidía la Generalitat. El día de la detención de Baño, Quintanilla salió públicamente a defender su inocencia, sin esperar a conocer el contenido del sumario. Previamente, Quintanilla había incorporado a Baño a su nueva ejecutiva, como representante de Confecomerç, la patronal autonómica del Comercio, que ahora ha abierto una investigación interna. Quintanilla se encuentra en una situación singular: preside al mismo tiempo la CEV-Alicante y UEPAL, patronal que durante años reivindicó ser la verdadera representante del empresariado alicantino contra la CEV. Y recientemente fue nombrado por el Consell presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante, donde nada más llegar ya se ha planteado un posible conflicto de intereses porque tanto la CEV como UEPAL respaldan los cursos que la Cámara y una universidad privada imparten en competencia con el Campus público. Dicha universidad privada, probablemente la de mayor prestigio de las que existen en la Comunidad, también se ha visto en medio de un fuego cruzado que ha desatado la inquietud entre sus directivos, temerosos de que su marca se resienta con todo lo que está sucediendo.

El mismo viernes en que Eleno fue destituido, Baño hizo unas declaraciones en la Cámara de Comercio en las que, en puertas de la Semana Santa, se comparaba con Jesucristo y que rápidamente se hicieron virales. Incluso dirigentes del PP, en privado, se mostraron indignados por sus palabras, que consideraron ofensivas para un creyente. Pero la extraña intervención de Baño, que contestó con citas bíblicas a muchas de las preguntas que se le hicieron sobre si iba a dimitir como presidente de la federación de comercio tras haber sido detenido o si pensaba optar a la reelección en la Cámara pese a estar imputado, tiene mayor trasfondo de lo que parece, porque sólo cabe entenderlas correctamente si se tiene en cuenta la estrecha relación que él y su segundo en la Cámara, el empresario de “Carmencita” Jesús Navarro, han establecido con el obispo de Alicante, José Ignacio Munilla, conocido activista ultra en las redes sociales, en cuyo empleo ha demostrado ser un experto. Munilla, con un discurso que continuamente presiona desde la extrema derecha al PP y que en ocasiones incluso desborda al de Vox, tiene cada vez más influencia en las actuaciones de un pequeño, pero muy bien colocado, grupo de personas que se autotitulan como los verdaderos “representantes” de Alicante.

El que ya es “el caso Baño” ha provocado, por tanto, además de su propia detención, una revisión en profundidad de las concesiones del Puerto de Alicante, que de momento le han costado la cabeza a su director; la creación de una comisión de investigación en la Diputación Provincial; un enfrentamiento descarnado con el Ayuntamiento de la segunda ciudad de la Comunidad, con insultos y amenazas al alcalde, el popular Luis Barcala; la alarma en el Consejo de Cámaras que preside José Vicente Morata, que se ha tenido que poner a la carrera a repasar todos sus procedimientos; y las primeras tensiones en el seno de la patronal CEV, cuya directiva regional ha tenido que reconvenir, de forma elegante pero con claridad, a su presidente en Alicante por arrastrar a la organización en la defensa de Baño.

Pero la situación, a quien pone seriamente en un brete es a los dos principales partidos, el PSOE y el PP. El llamado “alicantonalismo” no ha tenido nunca porvenir en las urnas. Los partidos que se han creado bajo ese paraguas obtuvieron, la vez que más, cuatro mil votos y en las últimas elecciones poco más de doscientos. Pero la maniobra ahora es otra: avanzar social y políticamente coercionando en favor de sus intereses al PP y a Vox, utilizándolos desde dentro e intimidándoles desde fuera. No se trata, como algunos afirman henchido el pecho, de hacer “Alicante más grande”. Ni siquiera de ese secesionismo que siempre ha temido Valencia: al fin y al cabo de la teta que se nutren es de la de la Generalitat, y de ella no se van a soltar. Lo que se pretende es, por el contrario, hacer Alicante más pequeña porque así la pueden manejar.

Frente a ese movimiento, el PSOE carece de una hoja de ruta en Alicante y ni siquiera tiene información de primera mano de lo que se cuece, sino que responde a golpe de acontecimientos. Y ello a pesar de que, sin crecer en Alicante, Diana Morant no puede aspirar a presidir la Generalitat. En el caso del PP, todo lo que está ocurriendo en su “plaza fuerte” pone en cuestión la autoridad del nuevo jefe del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, y con ello sus posibilidades de consolidarse en el cargo.

Las elecciones a la Cámara han sido convocadas por la consellera de Industria, muy cercana a Baño, para el próximo mes de junio. El plazo podía haberse dilatado algo más, pero la conselleria ha optado por la celeridad que le interesaba a Baño para sorpresa incluso del Palau. Las presiones para que Baño sea reelegido han empezado ya, y con fuerza. Pero si alguien imputado por estafa a la Administración finalmente se presenta a esas elecciones se habrá traspasado otra línea roja y la responsabilidad, quiera él o no, recaerá sobre Llorca. Porque una cosa es ser dialogante y otra muy distinta es que se te suban a las barbas en tu propia casa y desde cualquier púlpito. Ora pro nobis.

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