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Morena y el gobierno federal impulsaron y aprobaron reformas para ampliar las causales que permitirían anular elecciones en México; la más importante incorpora la llamada “injerencia extranjera”. Ese tema no aparecía ni en la reforma electoral presidencial de 2022 ni en el llamado “Plan B”, pero hoy ocupa el centro de la discusión, en medio de la presión creciente de Estados Unidos sobre México alrededor del crimen organizado y su posible relación con estructuras de poder local.

La iniciativa presidencial sobre “integridad de candidaturas” intenta construir un mecanismo preventivo frente a la infiltración criminal en los procesos electorales. Modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear dentro del INE una Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, que tiene acceso a información de inteligencia y financiera.

El problema que intenta resolver es real. El artículo 38 constitucional exige una resolución judicial firme para suspender derechos políticos, pero las estructuras criminales pueden influir políticamente mucho antes de que exista sentencia. La propuesta busca llenar ese vacío mediante alertas preventivas basadas en “riesgos razonables”. El INE no tendría facultades para cancelar candidaturas; solo emitiría advertencias a los partidos políticos, quienes conservarían la decisión final de registrar o no al aspirante.

Si la propuesta presidencial ya abre tensiones jurídicas importantes –presunción de inocencia, uso de reportes de inteligencia, ausencia de estándares públicos claros–, el verdadero cambio de fondo aparece en la reforma impulsada por Ricardo Monreal al artículo 41 constitucional y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (la discusión del dictamen de esta última en la Cámara de Diputados fue retirada a........

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