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¿Se puede ganar la guerra que México libra contra el crimen organizado? La comenzó Felipe Calderón en diciembre de 2006 y no tiene para cuándo acabar. Han muerto en ella más de 600 mil mexicanos y 250 mil están desaparecidos. Nuestras cárceles están saturadas a pesar de que la impunidad por homicidio ronda el 95%. Hay presencia del crimen organizado en prácticamente todos los municipios del país. Existen vastas zonas del territorio nacional bajo el control de los criminales. Ya no se trata tan solo de cárteles de narcotraficantes, están también los delincuentes dedicados al huachicol, a la trata de personas, a la tala de bosques, al secuestro y a la extorsión.

Regreso a la pregunta: ¿puede ganarse esta guerra? Ni Calderón ni Peña Nieto ni López Obrador ni Sheinbaum han dicho nunca que es posible. Vamos perdiendo, entre otras cosas, porque las fuerzas que el Estado emplea para combatir la delincuencia se han corrompido y se han dejado penetrar por aquellos que debían combatir. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en medio de la guerra que sostienen, asesinan inocentes civiles, los secuestran y desaparecen, los torturan y luego niegan sus acciones o las disfrazan de enfrentamientos, ocultan los cuerpos a sus familiares, acosan a estos si persisten en buscarlos. ¿Cómo podemos ganar esta guerra si los dedicados a protegernos parecen tener permiso para matar y desaparecer impunemente a la población que protegen?

Existen suficientes elementos para probar la complicidad entre la clase política y la delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Esta impunidad se extiende a las fuerzas armadas y al poder judicial. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras el país continúa su descomposición.

Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán investigaron, escribieron y publicaron Permiso para matar (Ariel, 2024), libro en el que exponen los abusos que cometen las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Las fuerzas armadas no están capacitadas para estas tareas, no son policías. Esta delicada situación se agrava con la presión de los Estados Unidos. Cada semana desde Washington se lanzan misiles contra México bajo la forma de declaraciones fulminantes que señalan la complicidad del gobierno con los cárteles del narcotráfico. Nuestro vecino ha amenazado con bombardear nuestro territorio, intervenir con fuerzas especiales, extraer ilegalmente personas. Todo esto no haría sino agravar la situación, como se ha visto en Sinaloa.

Letras Libres entrevistó a Daniel Moreno (periodista, hasta 2025 fue el director editorial de Animal Político) y Jacobo Dayán (especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos); ambos brindan un panorama oscuro. Jacobo Dayán, como posible salida, apunta hacia la justicia transicional. Daniel Moreno habla de la importancia de las sesiones en la onu en las que se abordarán los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.

Sirvan estas entrevistas como un mínimo intento de salir del grave atolladero en el que nos encontramos.

La razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de la población. Cuando el Ejército dispara contra la población, la secuestra, tortura y desaparece, el Estado atenta contra ella. ¿Qué clase de Estado es este?

Es un Estado criminal, eso es lo que tenemos. Las fuerzas de seguridad del Estado mexicano son equivalentes a las fuerzas del Estado de la dictadura de Pinochet. No hay gran diferencia.

En México la guerra contra las drogas no ha servido para construir la paz. ¿Para qué ha servido entonces?

Ha servido para fortalecer los grandes negocios relacionados con la venta de armas y para que grupos violentos y agencias del Estado puedan ejercer un mayor control territorial. Ha podrido a las instituciones. La clase política, que históricamente había sostenido una relación de dominio con el narcotráfico desde los años del pri, invirtió esa relación y ahora son los criminales los que ejercen el dominio. Esto ha generado más violencia. La droga se sigue produciendo, sigue llegando a los mercados, no se ha alterado su precio: hay más consumo y más violencia. La guerra ha servido para hacer grandes negocios y para erosionar la democracia.

¿Es la impunidad el mayor problema en el tema de justicia y seguridad?

Sin duda. El problema del crimen organizado se ha tratado de enfrentar utilizando más fuerza contra la fuerza. No se combate a los criminales con los instrumentos del Estado. El Estado debe ser capaz de procesar judicialmente a los responsables, debe tener presencia en el territorio, policías capaces, fiscalías, cárceles, pero también debe brindar seguridad, salud, educación y oportunidades laborales.

Calderón y Peña utilizaron al Ejército para combatir el narcotráfico. López Obrador también lo utilizó, pero además lo involucró en negocios y concesiones con lo que profundizó la corrupción de las fuerzas armadas. ¿Se puede desandar el camino?

Cuando la noche de estos gobiernos morenistas termine, habrá que desandar muchas cosas, no nada más esa. Durante el proceso de reforma al poder judicial –que les dio a las fuerzas armadas más discrecionalidad de la que ya tenían cuando se les encargó realizar todo tipo de labores, no solo en materia de seguridad– muchos expertos nacionales e internacionales comentaron que lo que había en México era un gobierno cívico-militar.

La colusión de autoridades y delincuentes en todos los niveles de gobierno nos habla de un Estado descompuesto. ¿Es la justicia transicional una salida posible a esta........

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