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Los gobiernos han empezado a tratar la inteligencia artificial avanzada como lo que quizá siempre estuvo destinada a ser: una cuestión de seguridad nacional. Durante años, pareció que este siglo estaría marcado por una disputa entre Estados y empresas tecnológicas. De un lado, gobiernos dedicados a cobrar impuestos, aplicar leyes, imponer salvaguardas, proteger a los usuarios y exigir el cumplimiento de ciertas reglas; del otro, compañías capaces de levantar imperios invisibles sobre nubes de datos, modelos matemáticos y laboratorios cerrados al escrutinio público.

La convivencia parecía posible: los Estados conservarían cierta capacidad de arbitraje y redistribución, mientras las grandes plataformas administrarían buena parte de la vida digital y acumularían ganancias extraordinarias. Pero esa frontera se desdibujó cuando la inteligencia artificial empezó a tocar los nervios más profundos del poder –la guerra, la inteligencia militar, la infraestructura crítica y la competencia entre potencias–  y los gobiernos comprendieron que no podían limitarse a observar desde lejos, como simples árbitros de una revolución ajena. La realidad es que ningún Estado puede aceptar que la tecnología que definirá su lugar en el futuro sea gobernada únicamente por manos privadas.

Durante décadas, la expresión “captura regulatoria” sirvió para describir el momento en que las empresas conseguían doblar al Estado, influir en sus decisiones, debilitar sus controles y convertir las instituciones públicas en extensiones discretas de intereses privados. Pero la inteligencia artificial avanzada está invirtiendo esa lógica. Cuando una tecnología se vuelve demasiado poderosa para quedar fuera del perímetro estatal, el Estado deja de comportarse solo como regulador y empieza a actuar como dueño indirecto de su destino.

El caso Anthropic volvió visible el nuevo equilibrio de poder. En febrero de 2026, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth designó a la compañía como un “riesgo para la cadena de suministro” de seguridad nacional, una etiqueta que hasta entonces se había reservado para empresas vinculadas con gobiernos adversarios. El detonante no fue un hackeo, una trama de espionaje ni una estructura de propiedad extranjera, sino una negociación contractual: Anthropic se negó a permitir que Claude, su modelo de IA, fuera utilizado en sistemas letales autónomos para el uso militar y en programas de vigilancia masiva contra ciudadanos. La respuesta del Pentágono fue convertir una diferencia ética en una amenaza estratégica. Mandó así un mensaje claro para Silicon Valley: pueden levantar capital, entrenar modelos de frontera y competir por el mercado global, pero cuando el Estado considere que esa tecnología pertenece al campo de la guerra, las condiciones dejarán de negociarse como en una sala de juntas. 

La guerra ya ofreció una demostración. Según el Financial Times, Israel habría combinado imágenes de cámaras de tránsito, señales telefónicas y miles de millones de datos para rastrear y matar al ayatola Ali Khamenei, en una operación construida sobre años de integración entre inteligencia artificial, vigilancia y operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán. La lección que están extrayendo los grandes ejércitos del mundo es evidente: una fuerza armada........

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